Un equipo de tres auditores de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades inició el lunes de la semana pasada una auditoría para comprobar que toda la información que tiene la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) se ajusta a la legalidad, ha anunciado este martes el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

En un encuentro con prensa para explicar el despliegue de la Hacienda propia, ha explicado que el procedimiento tendrá un mes de duración y ha sido a petición de la Generalitat: "Si quiere que venga la Agencia Española de Protección de Datos y que nos audite, no tenemos nada que esconder".

Ha añadido que "no entra dentro del mundo real" que alguien pueda piratear los datos fiscales estatales, ya que están brutalmente protegidos, en sus palabras, igual que los de la Generalitat, ha remachado, asegurando que el ejecutivo catalán no ha hecho ni hará nada para lo que no tenga competencias.

El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha defendido que la Generalitat tiene datos fiscales legales de los catalanes como "resultado de 30 años de historia y de cruce de decenas de fuentes de información" de los impuestos de los que tiene competencias, y ha subrayado que dispone bases de datos fiscales desde los años 80.

En una entrevista este martes en TV3, ha asegurado que "hay quien querría que Cataluña tuviera una agencia tributaria de feria" pero, al contrario, dispone de una que será capaz de gestionar grandes impuestos a partir de 1 de septiembre, ha expuesto.

Salvadó ha explicado que el objetivo del ejecutivo catalán es construir una gran Hacienda catalana y para eso quiere "agotar todas las competencias" de las que dispone, y ha sostenido que todo lo que hace es legal.

Preguntado por el juicio por la consulta del 9-N contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau, ha dicho que el Gobierno "continúa no entendiendo lo que significa Cataluña y su sentimiento de dignidad".

En ese sentido, ha asegurado que la judicialización de la política catalana refuerza las convicciones de los independentistas, y ha sostenido: "La sensación es que estamos en los años 60 o 50".