La revuelta social que vivió Argentina a finales de 2001, en la que murieron una treintena personas, pasa factura judicial. Fernando de la Rúa, por entonces presidente del país austral, ha sido procesado por "homicidio culposo" de cinco personas y las heridas sufridas por un centenar de manifestantes.

La medida fue adoptada el lunes por el magistrado Claudio Bonadío, quien además decidió el embargo de bienes del ex gobernante (1999-2001) por un importe de 20 millones de pesos (4,4 millones de euros).

Al declarar hace un año ante el juez, el ex presidente alegó que hubo un "complot" contra él que forzó su salida anticipada del gobierno en medio de una grave crisis económica.

Represión policial en la Casa Rosada

El juez trata de aclarar quiénes fueron los responsables de la represión lanzada contra manifestantes en inmediaciones de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

De la Rúa también declaró que fue la jueza María Servini de Cubría quien el 20 de diciembre de 2001, sin contactar con el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, "dispuso desalojar la Plaza de Mayo", frente a la Casa de Gobierno.

En marzo pasado, un tribunal condenó a 15 y 6 años de prisión a un comerciante y a un guardia, respectivamente, por dos homicidios cometidos durante el estallido social, en el primer juicio celebrado en Argentina por los hechos de violencia de 2001.