Aduanas
Agentes estadounidenses de Aduanas y Protección Fronteriza aplauden al presidente estadounidense, Donald Trump. Chip Somodevilla/ EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado crear una "Oficina para Víctimas de Delitos Cometidos por Extranjeros Deportables" como parte de una de las órdenes ejecutivas que rubricó en materia de seguridad fronteriza.

Según el texto de la directiva destinada a la "seguridad en el interior", Trump da instrucciones al secretario de Seguridad Nacional, el general retirado John Kelly, a ordenar al Director de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) que "tome todas las medidas apropiadas y legales" para establecer dentro de su agencia un departamento para tales propósitos.

El documento afirma que el objetivo de dicha oficina es "prestar servicios proactivos, oportunos, adecuados y profesionales a las víctimas de delitos cometidos por extranjeros y a las familia de tales víctimas".

"Esta oficina proporcionará informes trimestrales sobre los efectos del número de víctimas a manos de extranjeros criminales presentes en Estados Unidos", apunta.

Trump rubricó dicha orden, en la que también pide retirar los fondos federales a aquellas ciudades que protejan a los indocumentados, conocidas como "ciudades santuario", rodeado de madres cuyos hijos murieron a manos de delincuentes extranjeros con un estatus migratorio irregular.

Deportaciones

En la orden en la que autoriza la construcción del muro con México se establece que ese muro estará "vigilado y apoyado por personal adecuado para prevenir la inmigración ilegal, la trata de personas y los actos de terrorismo".

Ante el previsible incremento de arrestados, Trump contempla la construcción de más centros de detención para inmigrantesEn la misma orden, Trump pide "acelerar la deportación" de aquellas personas cuyas pretensiones de permanecer en Estados Unidos "hayan sido rechazadas legalmente", después de que se les hayan impuesto "sanciones civiles o penales".

Trump también insta a "detener a las personas que han sido aprehendidas por sospecha de violar las leyes federales o estatales, incluida la ley federal de inmigración".

Ante estos pasos y el previsible incremento de arrestados por violar las leyes migratorias, Trump contempla en el mismo documento la construcción de más centros de detención para inmigrantes.

"El secretario (de Seguridad Nacional) tomará todas las medidas apropiadas y asignará todos los recursos legalmente disponibles para construir, operar, controlar o establecer contratos inmediatamente para construir, operar o controlar instalaciones de detención a extranjeros en o cerca de la frontera terrestre con México", apunta.

Asimismo, el secretario de Seguridad Nacional, cargo que ocupa el general John Kelly, "tomará todas las medidas apropiadas y asignará todos los recursos legalmente disponibles para asignar inmediatamente funcionarios de asilo a los centros de detención" que procesen los posibles casos de ese tipo.

Indocumentados en cárceles

Trump también ha retomado el controvertido programa "Comunidades Seguras", cancelado en 2014, que permite que las autoridades locales compartan con el Gobierno federal las huellas digitales de los indocumentados en cárceles locales y de los condados, con el fin de deportarlos.

El programa permite que las autoridades locales compartan con el Gobierno federal las huellas digitales de los indocumentados en cárceles localesUna de las órdenes ejecutivas firmadas instruye al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, a "restablecer el programa migratorio conocido como 'Comunidades Seguras'".

"Las agencias federales van a aplicar la ley sin tapujos", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, durante su conferencia de prensa diaria."Vamos a restablecer el popular y exitoso programa de comunidades seguras, que ayudará a los agentes del ICE (Oficina de Control de Inmigración y Aduanas) a encontrar a inmigrantes ilegales para su deportación".

El programa "Comunidades Seguras", lanzado en 2008 por el expresidente George W. Bush y mantenido por su sucesor, Barack Obama, hasta 2014, permitía a las autoridades locales compartir con el Gobierno federal las huellas digitales y otros datos biométricos de los indocumentados en cárceles locales y de los condados.

En teoría, sólo los criminales peligrosos, entre éstos violadores, homicidas y secuestradores, quedaban sujetos a un proceso de deportación.

Pero las estadísticas oficiales bajo el Gobierno de Obama demostraron que buena parte de los deportados no eran "criminales peligrosos", sino que habían sido detenidos por delitos menores y no violentos, o carecían de antecedentes penales.

Numerosos grupos defensores de los derechos de los inmigrantes se opusieron durante el mandato de Obama al programa, por considerar que erosionaba la confianza de la comunidad inmigrante en la policía local, a la que temían por identificarla con las autoridades migratorias.

También denunciaban que el programa podía fomentar que algunos agentes de policía local hicieran arrestos en función de la apariencia étnica, o que detuvieran inopinadamente a inmigrantes de quienes sospecharan que no tenían papeles con el objetivo de ingresar sus detalles en la base de datos federal.

Tras acabar con el programa, el Gobierno de Obama lo reemplazó en 2015 por otro de Cumplimiento de Prioridad (PEP), por el que las autoridades federales de ICE buscan cooperar con las locales para deportar a quienes tengan antecedentes de delitos graves o sean un peligro para la seguridad nacional.