En una rueda de prensa, el secretario de Organización de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, ha señalado que "debe primar el usuario, la gestión pública, la atención a la ciudadanía sobre el beneficio empresarial", y por eso piden que "la gestión de la Ayuda a Domicilio se lleve desde lo público más allá del modelo que se utilice para llevarla desde lo público", ya sea una empresa pública, una agencia, etc.

"La gestión pública es fundamental para CCOO", ha remarcado Merino, quien ha explicado que la gestión pública de la Ayuda a Domicilio en Córdoba capital, donde se concentra casi la mitad del personal, con unas 700 trabajadoras, supondría "un ahorro de unos cuatro millones de euros", con los que "podrían ampliar de manera importante el servicio a muchos más usuarios y mejorar la estabilidad y la calidad en el empleo".

Cabe recordar que el 95 por ciento de las más de 1.300 personas que trabajan en el sector en la provincia son mujeres, con "una alta precariedad laboral". Más del 30 por ciento de las trabajadoras son eventuales y la jornada mayoritariamente es a tiempo parcial, con una media de ingresos de 400 euros al mes.

En este sentido, Olga Perales, presidenta del comité de empresa de Clece, empresa adjudicataria del servicio en la capital cordobesa, ha indicado que "son trabajadoras en riesgo de exclusión social", a lo que ha añadido que "es una pena que haya trabajadores pobres, pero los hay".

Perales ha recalcado la importancia de que el servicio se preste desde lo público para garantizar "un empleo de calidad", y por ello ha aplaudido la iniciativa de Ganemos en el Ayuntamiento, que para dar su visto bueno a los presupuestos municipales puso como condición la creación de una comisión que estudie la posible remunicipalización del servicio.

Al respecto, la responsable sindical ha mostrado su esperanza en que la mencionada comisión quede constituida en el próximo Pleno ordinario y que se pueda remunicipalizar el servicio antes de que se licite de nuevo la Ayuda a Domicilio en junio.

ATENCIÓN CORRECTA

Por otra parte, y en tanto en cuanto se mantenga la gestión privada del servicio, "los ayuntamientos deben garantizar la atención correcta al usuario, la calidad del servicio y el cumplimiento estricto del convenio colectivo por parte de las empresas adjudicatarias", ha subrayado el secretario general del Sindicato Provincial de Construcción y Servicios, Andrés Pozuelo.

Sobre esta cuestión, Pozuelo ha dicho que entienden que "las empresas privadas tienen que tener un beneficio, pero no puede ser a costa de recortar el servicio, a costa de las espaldas de las trabajadoras o de precarizar sus condiciones laborales, salariales, etc".

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