En este sentido, la secretaria general del Sindicato de Enseñanza en Sevilla de CGT, Laura Tirado, indicaba a Europa Press que aunque la delegada no se encontraba en la sede institucional en el momento de la protesta, la Secretaría General Técnica les concertó una cita con la misma para este viernes.

El choque entre sectores por los conciertos es uno de los asuntos en el candelero de la actualidad educativa andaluza. Recientemente, según se confirmó a Europa Press desde la patronal Escuelas Católicas, que aglutina a la mayoría de los titulares de los centros educativos concertados de la comunidad andaluza, ésta mantuvo una "primera toma de contacto" con la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública, conformada por múltiples sindicatos y asociaciones del sector, para tratar de alcanzar un "acuerdo de mínimos" en lo que respecta al mantenimiento de las líneas de concierto en la comunidad.

De su lado, CGT expone que bajo el "pretexto" de la libre elección de centro, los organismos públicos "están vaciando de alumnado las aulas de la escuela pública para entregárselo a negocios educativos privados y subvencionados por el Estado, en su mayoría regentados por la Iglesia Católica, con dinero público".

Para la central sindical, la razón de la existencia de los centros concertados es "meramente clasista", pues el 82 por ciento del alumnado de minorías étnicas, inmigrantes y con necesidades educativas especiales se encuentra en la enseñanza pública.

Así, CGT se opone a una opción educativa que, a su juicio, implica la reproducción de la "desigualdad social, favoreciendo a una determinada clase y rompiendo el principio de igualdad de oportunidades", así como un "despilfarro" de recursos públicos que se destinan a beneficiar a negocios privados educativos y un motivo de segregación.

Ante todo ello, el sindicato propone una batería de medidas entre las que se cuentan la paralización automática de todos los nuevos conciertos educativos previstos para el sexenio 2017-2023, la revisión de los conciertos actuales, el incremento de inversión en educación pública hasta el 7 por ciento del PIB, la eliminación del distrito único en aquellas poblaciones donde exista, la fiscalización y auditoría de todos los ingresos realizados en los centros concertados, la supresión de la asignatura de Religión del currículo escolar o la eliminación progresiva de las subvenciones a los centros concertados.

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