El Defensor del Pueblo Andaluz investiga los contratos de alquiler, visados por la Junta, de las  viviendas protegidas Residencial Arttysur, en Los Bermejales, y preguntará a la Junta y al Ayuntamiento qué medidas de control aplican para evitar abusos en las promociones que gestionan empresas privadas.

En el sector inmobiliario, sea de pisos protegidos o no, la letra pequeña cuenta igual que la grande, porque puede encontrarse con sorpresas. Así le ha ocurrido, como ya denunció 20 minutos, a los 230 adjudicatarios de estas VPO en Los Bermejales. El contrato de alquiler es «abusivo», según ha reconocido incluso en la Gerencia de Urbanismo a los propietarios.

La pasada semana algunos de los afectados pusieron el caso en manos del Defensor del Pueblo, quien ya lo ha admitido a trámite.

Aunque han sido adjudicatarios de una vivienda protegida dada su situación económica, han tenido que poner de golpe sobre la mesa 2.800 euros. Ésta es la cantidad que les han exigido como aval las empresas (Se Perian, Forcadell y Área 10).

Renuncia a la compra

Aún peor, «el arrendatario renuncia a los derechos de adquisición preferente, tanteo y retracto, así como al derecho de cesión del contrato», según consta en el documento que regula el alquiler, con lo que  pierden el derecho de ser los primeros en optar a la compra del inmueble a los 25 años.

Los inquilinos, además, temen que les echen de las viviendas cuando se cumplan ocho años. Es el tiempo máximo que aparece en el contrato: cinco años, prorrogables durante otros tres. En ningún apartado se especifica que puedan permanecer esos 25 años en estos pisos. «Los primeros en darse cuenta pidieron a la constructora un compromiso por escrito, pero ahora la empresa nos niega ese documento al resto que lo hemos solicitado», explica a 20 minutos uno de los arrendatarios afectados.

Pistas irregulares

En el mismo contrato aparece que queda limitado el uso de las pistas de padel que han construido en el lugar donde tenían que edificar las zonas verdes comunes de los bloques, motivo por el cual Urbanismo no otorgaba la licencia de ocupación (ver 20 Minutos del 3 de octubre). Sólo podrían disfrutarlas bajo suscripción y abono de un canon.

El Ayuntamiento ya ha dado el permiso. La empresa dará entre hoy y mañana las llaves.

Si en seis meses los inquilinos y las empresas no se han puesto de acuerdo en una solución para las pistas deportivas, Urbanismo  hará las zonas comunes con los 72.000 euros que ha tenido que abonar la empresa como aval.

Otro caso en Granada

El Ayuntamiento de Granada también investiga una promoción de viviendas en alquiler que gestiona una empresa privada. La constructora les había exigido un aval de entre 6.000 y 12.000 euros, según denunciaron algunos adjudicatarios ante el Ayuntamiento. En las escrituras de cesión a los promotores exigen a los inquilinos una fianza equivalente a un mes de alquiler, con lo que ese aval que supuestamente les ha exigido la empresa sería ilegal.