Los 9 juzgados de la jurisdicción Contencioso-Administrativa de Valencia, encargados de resolver los conflictos entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas, atraviesan una grave situación de colapso, que les está obligando a señalar las vistas un año y medio después de la entrada del asunto. Así lo ha manifestado esta mañana el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, durante su intervención en el Foro empresarial Inede-PricewaterhouseCoopers, donde ha analizado la situación y las necesidades de la Administración de Justicia en Valencia.

Ahora también tienen que atender recursos de urbanística y extranjería
Viguer ha indicado que el tradicional buen funcionamiento de estos juzgados, creados en 1998, se truncó tras la reforma legislativa de 2003, que supuso transferirles "determinadas materias antes excluidas de su ámbito competencial (responsabilidad patrimonial que abarca un inmenso número de reclamaciones, por ejemplo por negligencias en el ámbito de la sanidad pública), ampliaión de otras (ahora conocen de las impugnaciones contra cualquier acto de las entidades locales), cambios jurisprudenciales que les atribuyen materias que antes correspondían a la jurisdicción social (personal estatuario), y la proliferación de recursos en determinadas materias, como la urbanística y extranjería".
Los señalamientos se realizan pasados años y medio desde que entra el caso en el juzgado


El juez decano ha explicado que con este nuevo escenario, a partir de 2004 la entrada de asuntos ha crecido de forma vertiginosa, "colapsando dichos juzgados, hasta el punto de que los señalamientos se efectúan más allá de un año y medio de la entrada del asunto". Situación de colapso contra la que luchan desde el pasado 15 de octubre cuatro jueces de apoyo nombrados por el Consejo General del Poder Judicial y por el Ministerio de Justicia a petición de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, el decano se ha lamentado del importante retraso en el área de ejecutorias, dentro de la jurisdicción penal, a pesar del gran esfuerzo que realizan las tres magistradas encargadas de la materia. Tras manifestar que en estos momentos el número de sentencias pendientes de ejecutar asciende a 12.000, ha anunciado que "la carga de trabajo es tal, que va a ser necesario arbitrar una solución urgente al problema, al menos hasta reducir a cero la pendencia, para después racionalizar el trabajo de la oficina mediante la creación de un servicio común de ejecutorias penales".