Fuentes de dicha representación legal han indicado en este sentido a Europa Press que las víctimas sí se dan en principio por satisfechas con la condena penal, que asciende a siete años de cárcel, si bien en los diez días hábiles marcados para recurrir la sentencia estudiarán si hacerlo respecto a las cifras indemnizatorias, al considerar que podrían ser insuficientes por los efectos de los hechos sobre las mujeres.

El montante asciende a un total de 110.000 euros a las tres víctimas -30.000 euros a dos de ellas y 50.000 euros a la profesora que además ha sufrido las lesiones psicológicas-, declarándose responsable civil subsidiaria a la Hispalense.

La US ha decidido suspender de toda actividad académica al catedrático con carácter inmediato, encontrándose entre las medidas cautelares la prohibición de acceder a la Facultad de Ciencias de la Educación.

Así, tras recibir la sentencia se ha decidido reabrir el procedimiento sancionador contra el citado catedrático, paralizado como consecuencia de la instrucción del procedimiento penal; fue la propia institución universitaria la que inició dicho procedimiento.

La apertura del procedimiento sancionador se acompaña con la suspensión cautelar de toda actividad universitaria al profesor, al tiempo que se le prohíbe acceder al centro.

Se ha impuesto al acusado dos años de cárcel por cada uno de los tres delitos de abusos sexuales cometidos sobre las víctimas, que incluso tuvieron que dejar la universidad, y un año de prisión por el delito de lesiones.

El juzgado, cabe destacarlo, ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas por el retraso "indebido" del procedimiento, ya que hay que tener en cuenta que los hechos ocurrieron entre los años 2006 y 2010 y el juicio, finalmente, no se celebró hasta el pasado año 2016.