El hoy concejal del PP en la oposición, que ha declarado por espacio de cincuenta minutos en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 4, que investiga presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa presuntamente cometidos por el anterior regidor, se ha desmarcado de la polémica 'comfort letter' al asegurar a la juez que "ni sabía" cuando llegó al Ayuntamiento dicho documento, "ni cuando se firmó ni cuando salió" el mismo del edificio consistorial.

Ese es al menos el resumen que su propio letrado, José Ferrández Otaño, ha realizado de la testifical prestada en sede judicial por el extitular de Hacienda, quien, al igual de lo que hiciera el pasado día 22 de noviembre el propio León de la Riva, ha delegado en su defensor el trámite de atender a los medios de comunicación.

"Por respeto a la Administración de Justicia no digo nada. Yo siempre digo la verdad y aquí he venido a hacerlo, y quienes me conocéis sabéis que así es", ha indicado amablemente Blanco, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha limitado a utilizar el término "perfectamente" a preguntas respecto de cómo había transcurrido su interrogatorio.

Su representante legal sí ha añadido que Blanco, en su momento, "no tuvo participación alguna en la tramitación parar la autorización de la firma de la carta de conformidad y no tuvo conocimiento tampoco de la necesidad de la misma como concejal de Hacienda", ya que por cuestión de la materia la operación no era de su competencia sino de la Concejalía de Infraestructuras, que tampoco fue informada de la referida garantía exigida por los bancos.

EL ALCALDE "LLEVABA TODAS LAS NEGOCIACIONES"

Para afianzar aún más la desvinculación de su patrocinado respecto de los presuntos delitos objeto de investigación, Ferrández Otaño ha apuntado que Blanco ha precisado a la juez que "la persona que llevó todas las negociaciones del soterramiento del ferrocarril y que estaba al cabo de todas ellas era el alcalde", así como que el declarante se limitaba a asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en calidad de representante del Ayuntamiento, "pero sin participación alguna porque no tenía competencias en la materia".

Con posterioridad a su declaración, la juez instructora ha interrogado como testigo a la que fuera secretaria del entonces alcalde, María Cristina García, quien, por espacio de no más de diez minutos, se ha limitado a explicar cómo la 'comfort letter' llegada desde Madrid fue transcrita en el Ayuntamiento y preparada para que la suscribiera León de la Riva, sin que fuera capaz de precisar qué persona se hizo cargo de tal cometido.

Estos dos últimos testimonios se suman a los ya prestados el día 22 de noviembre de 2016 por el exregidor municipal, Javier León de la Riva, como investigado, así como por el interventor municipal en aquella época, Jesús Velázquez, y el actual secretario municipal, Valentín Merino, estos dos últimos en calidad de testigos.

León de la Riva alegó entonces que el mal o el error que cometió fue no haber dado la trascendencia a una carta de conformidad, pues era un documento mercantil muy poco conocido en aquella época y, además, el primero que firmaba, de ahí que estampara su firma porque pensaba que no se trataba de una póliza de préstamo o línea de crédito y no formaba parte de un expediente administrativo que sí hubiera sido necesario tramitar.

La instrucción de la presente causa se produce después de que la Audiencia Provincial de Valladolid admitiera a trámite el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento-personado como acusación particular-contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de sobreseer la denuncia que se presentó contra León de la Riva por firmar dicho documento.

Aunque el juzgado, por auto de fecha 15 de junio, acordó el sobreseimiento provisional al entender que debía ser la jurisdicción administrativa o contencioso-administrativa la que debía de resolver sobre la validez o no de la 'comfort letter', la Sección 4 de la Audiencia de Valladolid, a través de otro auto, admitió a trámite los recursos del Consistorio y de la acusación pública y ordenó a la juez reabrir la causa.