La investigación había trascendido desde hace meses, pues ya en junio del año pasado, el pleno de la Diputación de Sevilla apoyaba

por unanimidad a los jornaleros afectados por las sanciones promovidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), después de que las empresas Agrícola Espino y Baena Franco no abonasen a la Seguridad Social las cotizaciones relativas a sus contrataciones.

La moción aprobada reclamaba "la retirada de la acusación penal" contra estos jornaleros y el levantamiento de las sanciones, toda vez que la Guardia Civil señala que la empresa Agrícola Espino, dedicada a la producción y recolección de productos hortofrutícolas, no ingresaba las cuotas a la Seguridad Social, adeudando al organismo público 614.440 euros, y desde 2010 no había cumplido con ninguna de las obligaciones impositivas respecto a la Agencia Tributaria.

Según la Guardia Civil, a través de la citada sociedad, el empresario tramitaba altas y bajas masivas de trabajadores, declarando jornadas de trabajo ficticias incluso en periodos no productivos, tras haber cobrando a las personas que se beneficiaban de tales jornales fraudulentos, quienes "compraban al detenido las peonadas necesarias para poder acceder a la prestación por desempleo, pagando entre 15 y 25 euros por cada una".

El sindicato Co.bas, en ese sentido, celebra que "después de dos largos años de sufrimiento y dolor por parte de las familias jornaleras afectadas, se haya tomado alguna medida contra el defraudador y responsable de esta situación", lamentando en paralelo que la Guardia Civil "no haga distinción alguna entre el verdugo y las víctimas, queriendo así legitimar las actuaciones del SEPE contra los trabajadores, que habían sido condenados previamente, sin derecho a defenderse, sin pruebas y sobre la base de indicios, a devolver las prestaciones".

"Prosiguiendo por la senda de conjeturas y supuestos que el SEPE e Inspección de Trabajo emprendieron contra los trabajadores para responsabilizarnos del fraude, la Guardia Civil añade un nuevo indicio para acusar a las víctimas de connivencia con el empresario basado en el argumento de que el 90 por ciento de las jornaleras son amas de casa", critica el sindicato, según el cual "la mayoría de las mujeres del mundo han de combinar el trabajo doméstico con el trabajo de fuera".