La Administración autonómica ha contratado a una empresa especializada de Castilla y León, a la que abonará 85.000 euros, y que se encargará de la retirada, transporte y procesado del material, que supone alrededor de 3.500 metros cúbicos y unas 2.100 toneladas, según ha calculado el consejero.
Suárez-Quiñones ha recordado que después de que la propiedad de la planta de compostaje no haya procedido a la retirada, tal y como se reflejaba en las medidas impuestas por la Junta, el 20 de diciembre de 2016 se declaraba la ejecución subsidiaria de emergencia y el 5 de enero de 2017 se ha contratado a la empresa que la va a llevar a cabo.
En ese sentido, el consejero ha reconocido que se trata de un asunto que "preocupa" a la ciudadanía y ha destacado la coordinación que ha existido entre la Junta, a través de la Delegación Territorial en Segovia, el resto de partidos políticos, el Ayuntamiento de Fuentepelayo y la plataforma ciudadana No Más Mierda.
A pesar de esta actuación, los expedientes relativos a la actividad de la planta "continúan" su curso, al igual que el proceso judicial abierto. Juan Carlos Suárez-Quiñones ha defendido que la Administración ha actuado con la mayor celeridad posible, aunque ha concedido que "a veces" se entienden "mal" los plazos y parece que se "tarda en actuar". Algo que el consejero ha justificado en las garantías que ofrece el Estado de Derecho y que "hay que cumplimentar".
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios