El Ministerio de Fomento ha designado al perito que analizará la compra y el coste del yate que adquirió la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en 2007 para la America's Cup. Se trata de un ingeniero naval del Colegio de Barcelona que actuará de perito en el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, que investiga presuntas irregularidades en el Puerto, según ha podido saber Europa Press.

Este juzgado encargó el pasado año al Ministerio de Fomento que designase a un ingeniero naval para que informara sobre el coste, adquisición y el control que se siguió con este yate que costó 4,1 millones y generó un gasto de mantenimiento de unos 400.000 euros al año.

Fomento ha recurrido al Colegio de Barcelona para designar a un ingeniero naval y ya lo ha comunicado al juzgado. Se trata de una embarcación de 28 metros de eslora y con una capacidad para 50 personas.

Sobre este yate, el expresidente del organismo portuario Rafael Aznar, investigado por el juez, ya declaró que se trataba de un barco "institucional" con el que se obtuvieron beneficios comerciales. También advirtió de que otras ciudades como Barcelona o Bilbao también tenían un yate e insistió en que los puertos más importantes del mundo tienen una embarcación de estas características.

Aznar está siendo investigado por el juez junto al ex director general de la APV Ramón Gómez-Ferrer y al ingeniero y ex jefe del Departamento de Proyectos, Obras y Conservación de obra civil Marcelo Burgos en la única pieza que queda abierta en el juzgado después de que hace unos meses la Audiencia sobreseyera la parte relativa al presunto cobro de sobresueldos en la sociedad Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI).

Precisamente sobre esta pieza sobreseída, la Fiscalía de Valencia recurrió y el Tribunal Supremo se reunirá la próxima semana para deliberar, votar y fallar sobre el archivo. Las defensas de los acusados en esta pieza piden la confirmación del archivo emitido por la sección segunda de la Audiencia de Valencia.

PIEZA ARCHIVADA

En esta pieza archivada la investigación iba dirigida contra Aznar, el abogado del Estado Fernando Llopis y dos exdirectivos de la entidad, Juan Antonio Delgado y Ignacio Luis Pascual, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación continuada de caudales públicos.

El fiscal encargado del caso pedía una pena de cinco años de prisión y 19 de inhabilitación para Aznar y la misma condena para el resto de investigados en el procedimiento.

Sin embargo, la Audiencia decidió archivar esta pieza al considerar que no había constancia de que las cantidades abonadas a Rafael Aznar y a los otros dos exdirectivos investigados no fueran retribuciones por actividades efectivamente desarrolladas. No vio sustracción de caudales públicos ni destino de caudales a fines ajenos a la función pública.

Sobre los contratos cuestionados de asesoría jurídica o seguridad, la Sala estimó que no se había investigado si las decisiones de contratar sin seguir procedimientos que garantizaran la libre concurrencia en la licitación, fueran adoptadas con fines espurios o para atender necesidades de la sociedad.

Este archivo fue recurrido posteriormente por el fiscal Anticorrupción encargado del caso, y la próxima semana el Tribunal Supremo deliberará sobre esta resolución, han concretado a Europa Press fuentes conocedoras de la causa.