La fiscal ha rebajado la petición de prisión para los diez integrantes de una banda de proxenetas que captaba mujeres en Bulgaria y las obligaban a ejercer la prostitución en la carretera Nacional II, en los términos municipales de Vilademuls (Pla de l'Estany), Pontós y Bàscara (Alt Empordà). Entre ellas había una menor de edad.

Inicialmente, los acusados se enfrentaban a penas de hasta 42 años de prisión. Como durante el juicio han reconocido los hechos, la fiscalía les ha aplicado una atenuante muy calificada de confesión porque considera que los proxenetas han contribuido a esclarecer los hechos, sobre todo porque había dudas sobre si localizarían las víctimas y declararían al juicio.

La fiscal también ha retirado la acusación por el delito de organización criminal y para algunos de los procesados también ha retirado algunos de los delitos de prostitución coactiva o de tráfico de seres humanos con finalidades de explotación sexual.

Ahora los procesados se enfrentan a penas que van desde 1 año y 9 meses de prisión a 5 años y medio por delitos de tráfico de seres humanos con finalidades de explotación sexual y prostitución coactiva. Las defensas de los diez acusados se han adherido a la petición de la fiscal y el juicio ha quedado visto para sentencia.

Después de que los diez acusados (un undécimo está evadido de la justicia) reconocieran los hechos durante el primer día de juicio, este martes han declarado dos inspectores de la policía estatal que llevaron a cabo la investigación. Según han declarado al juicio, cuando los integrantes de la banda conseguían hacer llegar las mujeres al país, las llevaban a pisos de Figueres. Una vez allí, las sometían a vigilancia y control y las trasladaban a puntos de la N-II donde las forzaban a prostituirse.

Uno de los inspectores ha detallado que la banda controlaba las víctimas usando otras mujeres que también ejercían la prostitución o a través del teléfono móvil. Además, también ha explicado que a menudo utilizaban amenazas o incluso agresiones físicas para someterlas. "Hay agresiones para estarse demasiado rato con un cliente o para no rendir cuentas económicamente", ha declarado el inspector.

Los policías han explicado que a la víctima menor de edad, que tenía 17 años cuando llegó al país, la tenían vigilada en un piso donde convivía con algunos de los integrantes de la banda. Viajó desde Bulgaria hasta el aeropuerto del Prat acompañada de dos de los procesados. En total, la policía consiguió liberar hasta tres mujeres víctimas de la trama, una de ellas la menor de edad que llegó al país engañada y pensando que trabajaría de camarera.

Una vez han declarado los dos inspectores de policía y teniendo en cuenta que los acusados reconocieron los hechos, han renunciado al resto de las pruebas previstas. La fiscal, Belén Roig, ha modificado el escrito de conclusiones y ha rebajado la pena que pedía para los diez acusados, que inicialmente era de entre 19 y 42 años de prisión.

De este modo, el supuesto líder de la banda que se enfrentaba a 42 años de prisión afronta ahora una pena de 5 años y 3 meses de prisión y una multa de 1.800 euros. Para una de las mujeres que hacía de controladora solicita 5 años y medio de prisión y 2.700 euros de multa porque le añade a los delitos relativos a la prostitución un delito de falsedad documental. La tercera mujer que ha reconocido que se dedicaba a controlar las víctimas de la trama se enfrenta a 4 años y 9 meses de prisión. Para uno de los transportistas pide 2 años y 3 meses de prisión y que pague una multa de 1.800 euros. Para los otros seis procesados solicita 1 año y 9 meses de prisión y 900 euros de multa.

Los abogados de la defensa se han adherido a la petición de la fiscal y el juicio ha quedado visto para sentencia. Teniendo en cuenta las penas y que muchos de los acusados han estado en prisión provisional, la mayoría no tendrán que volver a prisión. De hecho, sólo quedaba uno entre rejas que esta misma tarde ha quedado libre.