Según se recoge en el dictamen, consultado por Europa Press, el Pleno del Ayuntamiento de Huelva, en acuerdo adoptado el 30 de abril de 2014 ratificó la solicitud efectuada por la Junta de Gobierno Local para iniciar el trámite y llevar el caso al Consejo Consultivo de Andalucía. Sin embargo, según el órgano, "debe traerse a colación la doctrina que este Consejo ha puesto de relieve recogiendo jurisprudencia reiterada en cuanto a que la relación entre el Pleno y el Alcalde no es una relación jerárquica, sino de superioridad política".

El consultivo señala que "basta con leer los términos del acuerdo del Pleno de 30 de abril de 2014 para verificar que el pleno adopta como propios los anteriores acuerdos de la Junta de Gobierno Local, cuyo contenido reproduce literal e íntegramente". Por consiguiente, "a juicio de este Consejo Consultivo, aplicando la doctrina invocada, a diferencia de lo pretendido por la Administración consultante, no se puede concluir que concurra en los actos referidos la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992".

Para llevar a cabo los planes del Ayuntamiento de Huelva era necesario el informe preceptivo del Consejo Consultivo por lo que el consistorio sometió a dictamen de este órgano el procedimiento de revisión de oficio de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en enero y marzo de 2014, por los que se aprobaba el Plan de Ajuste para el período 2014-2034 y se complementaba la solicitud, y del acuerdo Plenario de 30 de abril de 2014, que ratificaba los dos anteriores, al objeto de poder declararlos nulos.

Según el Consultivo, "no puede obviarse que es al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a quien compete la resolución final aprobando el plan de ajuste del Ayuntamiento y concediéndole las correspondientes medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez".

Por tanto, "como causa de nulidad, operaría no respecto de los acuerdos municipales sino sobre la resolución adoptada por el Ministerio, no resultando competente el Ayuntamiento para revisar un acto administrativo que no le es propio sino que procede de otra Administración, en este caso la estatal".