En el desglose de estas prestaciones destacan el millón de euros del Plan Extraordinario de Empleo, los 279.000 de las AEF, los 150.000 de las AES, y los 350.000 euros que sustentaron el convenio con el que Diputación y la asociación 'Resurgir' posibilitaron que una media mensual de 510 familias utilizaran el economato social de la asociación. Las políticas sociales representaron el año pasado el 25 por ciento del presupuesto general de la institución provincial.

Aurora Vélez, que ha afirmado que desde el comienzo de la crisis económica, "la lucha contra la vulnerabilidad y la exclusión social ha sido una de nuestras prioridades", ha resaltado las alrededor de 20.000 personas que en 2016 accedieron a todas estas prestaciones, y el incremento en un 20 por ciento de las ayudas directas para dar cobertura a las necesidades básicas de las familias más necesitadas.

A las ayudas económicas familiares, destinadas a alimentación, higiene, ropa, material escolar y otras necesidades básicas, sólo pueden acceder familias con menores a su cargo en situación de exclusión social; mientras que las ayudas de emergencia social, para alquiler de vivienda, pago de deudas de facturas de luz, agua y otras necesidades elementales, se conceden a individuos o grupos familiares en situación de emergencia sobrevenida, con o sin menores a su cargo.

El perfil de los usuarios del economato 'Resurgir' lo conforman familias con menores en riesgo social, desempleados que no pueden hacer frente a sus necesidades básicas en alimentación e higiene, familias monoparentales sin empleo y sin apoyo familiar y jubilados que con sus pensiones asumen el mantenimiento del resto de sus familias.

El Plan Extraordinario de Empleo 2016, al que se adhirieron la totalidad de los 73 municipios onubenses menores de 20.000 habitantes que podían hacerlo, también estuvo destinado a desempleados de larga duración, familias en procesos inminente de desahucios, familias de origen inmigrante en situación de pobreza, jóvenes en paro y mujeres víctimas de violencia de género. Su financiación corrió a cargo del presupuesto del Área de Bienestar Social, cifrado en más de 32 millones de euros.