Concretamente, con el reconocimiento de este rango asociado a la barrera de los 75.000 habitantes empadronados, desde el Ayuntamiento se podrá reivindicar ante otras administraciones "aquello que corresponda como gran ciudad, porque el hecho de superar los 75.000 habitantes permite obtener un porcentaje de los impuestos estatales recaudados en la ciudad como el IVA, el IRPF o los que gravan el alcohol, el tabaco o los hidrocarburos, que el Ayuntamiento revertirá en los ciudadanos".

Para los residentes, además del aumento en inversiones generales para la ciudad que trae esta designación, el hecho de empadronarse conlleva "bonificaciones en las ordenanzas fiscales y reducciones en las tasas por el uso de las instalaciones deportivas", por inscripciones en cursos y talleres de cultura y en otros servicios municipales. Asimismo, el hecho de que las cifras oficiales de empadronados se ajusten lo máximo posible al número real de residentes permite "una planificación más ajustada para ofrecer servicios públicos".

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