Manuel Domínguez y Laura Pichardo, responsables de Giahsa en Huelva.
Manuel Domínguez y Laura Pichardo, responsables de Giahsa en Huelva. EUROPA PRESS

La presidenta de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), Laura Pichardo, en un comunicado ha valorado el primer año de aplicación de unas "medidas pioneras que se han traducido en un éxito de gestión; tenemos muy claro que la eficiencia no tiene porqué estar reñida con la responsabilidad social, máxime si hablamos de una empresa pública como es Giahsa".

En el seno de la comisión de servicios sociales, integrada por una representación de alcaldes, concejales de los servicios sociales y técnicos de Giahsa, se han estudiado con detenimiento durante este año los distintos casos y, según explica Pichardo, "se han venido analizando los procedimientos de pago y fraccionamiento de deudas".

La presidenta de MAS, en ese sentido, ha subrayado "el alto grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los usuarios y las facilidades concedidas a los mismos, que en los casos más extremos se ha llegado a fraccionamientos de hasta cinco años".

ESFUERZO COMPARTIDO

Laura Pichardo ha destacado que el aspecto más relevante de este primer año de aplicación de medidas sobre pobreza energética, "el esfuerzo compartido por todos en la búsqueda de soluciones", a lo que ha añadido que "entre todos estamos resolviendo un problema que ocupa y preocupa a los servicios sociales de nuestros ayuntamientos, los usuarios afectados responden bien en términos generales y se afanan en sufragar las deudas en la medida de sus posibilidades y desde Giahsa fortalecemos el compromiso social que como empresa pública abanderamos".

Giahsa, desde hace varios años, viene aplicando medidas de corte social, tarifas especiales y bonificaciones diversas para familias en situación de precariedad. En diciembre de 2015, ha recordado la presidenta de MAS que ésta "se convirtió en la primera empresa andaluza en regular un procedimiento específico contra la pobreza energética". A partir de ese momento, y durante estos doce meses, "todas las decisiones y medidas han sido consensuadas con los ayuntamientos y sus técnicos de servicios sociales".

El usuario que desee acogerse a la declaración de pobreza energética de Giahsa debe ser titular del contrato de suministro y sus ingresos familiares inferiores al Imprem -532 euros mensuales aunque con matices relativos a número de miembros en la vivienda o situaciones de dependencia-. Una vez recibido el aviso de corte de suministro por deuda, el usuario se dirigirá a los servicios sociales de su Ayuntamiento, que elaborarán un informe valorativo para que Giahsa pueda declarar el caso como de pobreza energética.

Así, en primera instancia, el corte quedará paralizado durante dos meses, tiempo del que dispone el usuario para aportar la correspondiente documentación, solicitar una cita y alcanzar el acuerdo de fraccionamiento de la deuda, que incluye la aplicación de ayudas sociales tanto por parte de la empresa pública como de otras administraciones.

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