A día de hoy, el Gobierno asturiano sigue sin tener garantizado el apoyo que necesita para sacar las cuentas adelante. El PSOE, gobierna con sólo 14 de 45 diputados. El reparto de fuerzas en el fragmentado parlamento asturiano se completa con 11 diputados del PP, 9 de Podemos, 5 de IU, 3 de Foro y 3 de Ciudadanos.

El año pasado el Ejecutivo regional no consiguió el apoyo necesario, y el Gobierno retiró el proyecto al constatar que la mayoría de los grupos habían presentado una enmienda de totalidad.

Si bien es cierto que en para el próximo ejercicio aún no ha recibido los apoyos necesarios, tampoco ningún grupo ha anunciado aún la presentación de una enmienda a la totalidad.

El debate de totalidad se celebrará este jueves a las 10.00 horas. Si el proyecto supera este trámite, el presupuesto podrá entenderse por aprobado, dado que se establecerán fijadas sus cantidades globales y sólo habrá ya margen para enmiendas parciales, que impliquen cambios entre cantidades dentro de una misma sección, con una subida y una baja de la misma cuantía.

Aunque no se presentase ninguna enmienda a la totalidad, el debate del día 23 en sesión plenaria se produciría igualmente, según han confirmado fuentes parlamentarias, con justificación de voto de los diferentes partidos y fijando las cantidades globales.

PROBLEMAS TÉCNICOS CON LAS ENMIENDAS

El PSOE sigue buscando apoyos en unas conversaciones en las que afirma registrar avances con IU y Ciudadanos. Pero no le sería suficiente si el resto de grupos apoyase una enmienda a la totalidad.

Los socialistas también están en conversaciones con el PP y la presidenta de este partido en Asturias, Mercedes Fernández, ha admitido públicamente que todas las posibilidades siguen abierta, desde la oposición al proyecto, el apoyo o la abstención. De hecho, el PSOE asturiano no necesitaría de nadie más para aprobar las cuentas si consigue el apoyo de los de Fernández.

El problema fundamental estriba en que la pretensión del PP para lograr un acuerdo es la de suprimir el impuesto de Sucesiones. Los 'populares' solicitan un cambio para dejar pasar el proyecto.

El PP podría presentarlo como una enmienda parcial, pero las citadas fuentes han señalado que esa pretensión, a la hora de calificarla, sería calificada como enmienda a la totalidad (por tanto, petición de retirada del proyecto) a los presupuestos de 2017. De hecho, el Reglamento de la Junta General del Principado deja poco margen a las interpretaciones en su artículo 158.4.

"Serán calificadas de enmiendas a la totalidad las que supongan incremento o minoración de ingresos, así como las que afecten a las cuantías totales de las secciones del estado de gastos", reza el precepto, más rígido que otros reglamentos de otras comunidades autónomas, que sí permiten enmiendas parciales sobre ingresos siempre que lo autorice el Gobierno.

Así las cosas y prácticamente sin tiempo, ambos grupos han dicho públicamente que estudian todas las vías con el objetivo de acercar posturas. Resta saber si la posibilidad de un acuerdo político con un compromiso del Gobierno para modificar posteriormente el tributo serviría al PP. En Andalucía, también gobernada por los socialistas, PSOE y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para modificar el impuesto de sucesiones en pleno ejercicio presupuestario y subieron el mínimo exento de Sucesiones a 250.000 euros.

Si el proyecto asturiano supera el pleno de totalidad, se abriría el periodo para calificar las enmiendas parciales y para designar ponencia. Luego, el miércoles 28 de diciembre los portavoces se reunirán para señala el pleno final sobre presupuestos, el día 30 de diciembre, donde se discutirán y votarán las enmiendas, quedando ya el documento aprobado también en los detalles.

En ese caso, las cuentas entrarían en vigor el 1 de enero, después de un apretado trámite con un Gobierno regional que registró el documento en la Cámara el 23 de noviembre, nuevamente incumpliendo el plazo que marca el Reglamento de la Junta General, que establece que el Gobierno ha de presentar las cuentas antes del último trimestre.

Esta circunstancia propició un apretado trámite de comparecencias en la Comisión de Hacienda, a la que los distintos grupos fueron llamando a quienes han estimado oportuno, con jornadas maratonianas. Se generaron situaciones que no agradaron ni a oposición ni a las personas que acudían a la Junta General a dar su opinión.

Por ejemplo, el día en el que estaban citados agentes sociales de Asturias para dar su opinión, los representantes de UGT, CCOO y FADE, junto a muchos otros, ni siquiera hicieron acto de presencia. El motivo es que su comparecencia llevaba más de dos horas de retraso y tenían otros compromisos. Se quejaron además del poco tiempo que habían tenido para analizar las

cuentas. Además, en la comisión fueron varios los portavoces que expresaron su malestar por la falta de tiempo para analizar las partidas de los presupuestos en profundidad con sus preguntas a las personas citadas.