La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, se ha reunido con los representantes de CCOO, UGT, STEI, SPPM y CSIF y plataformas representativas del sector de la seguridad pública de proximidad, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares haya declarado que es ilegal la contratación de interinos en las policías locales, cosa que podría afectar a más de 100 agentes.

Por esto, el Govern les ha informado de las gestiones realizadas, fundamentalmente a partir del recurso de casación que el Govern se plantea presentar a la reciente sentencia del Tribunal Superior, tal como ya avanzó el martes de la semana pasada.

Según explican, esto coincide con el trámite de la reforma de la Ley de coordinación de Policía Local de Baleares que el Govern está llevando a cabo y que se encuentra en fase de anteproyecto. Esta misma semana se ha dado a conocer a los portavoces de los grupos parlamentarios.

El modelo que busca esta nueva normativa apuesta por la consolidación de las plantillas de policía local dentro de su ámbito para fortalecer su arraigo y favorecer la prestación de un mejor servicio, a partir del conocimiento del entorno, avanzan desde el Ejecutivo autonómico.

Además, Cladera mantuvo este lunes por primera vez un encuentro con la nueva delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom. En la reunión, le trasladó la necesidad de poder garantizar que los ayuntamientos puedan dotar adecuadamente sus plantillas de policía local, superando las restricciones que imponen las leyes de estabilidad presupuestaria.