El Gobierno de Cantabria se ha puesto a disposición de la Fiscalía para aportar toda la documentación adicional que precise, después de que este jueves agentes de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) se llevasen expedientes relativos a las ayudas a centros de formación desde 2007.

Sin embargo, el bipartito no se plantea abrir una investigación interna porque no ha recibido ninguna denuncia con pruebas. A la vez, traslada su "tranquilidad" y su voluntad de "absoluta transparencia". "Si hay alguna irregularidad, que se proceda", han señalado a Europa Press fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda.

Los agentes de la Udef se han llevado expedientes de tres estamentos dependientes de la administración regional: el Servicio Cántabro de Empleo, el departamento de Contratación y Compras de la Consejería de Presidencia y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICCAS), en este último caso sobre temas relacionados con la accesibilidad de los centros de formación, que parece ser el motivo de la denuncia que investiga la Fiscalía.

"Se les ha facilitado toda la información que nos han solicitado, y nos hemos puesto a su disposición si necesitan algo más", han explicado las mismas fuentes.