Así lo ha advertido en su comparecencia ante el Pleno del Consejo Económico y Social (CES), donde ha explicado el modelo de ordenación, sus antecedentes y los pasos dados hasta que finalmente, en próximas fechas, se apruebe la Ley que regulará los mapas rurales.

"La ordenación del territorio no lo arregla todo, no es una pastilla milagrosa, garantiza buenos servicios en el medio rural, lo que hará más fácil retener población, no arreglará pero paliará problemas", ha aseverado ante los miembros del CES.

De este modo, en su intervención el vicepresidente de la Junta ha insistido en que con este último paso necesario para concluir con el proceso de ordenación se cerrará una organización que garantiza por ley los servicios públicos esenciales en el medio rural, al tiempo que "desbloquea" el Plan de Convergencia Interior y el fondo autonómico de compensación.

De Santiago-Juárez ha repasado las normativas ya aprobadas en torno a la ordenación, como fue en septiembre de 2013 la aprobación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio en la que se definía al modelo, que se acompañó un año después con la ley que estableció las áreas funcionales estables para municipios de más de 20.000 y una tercera norma en la que se reguló la participación de las entidades locales en los tributos propios y cedidos.

Tras estas tres leyes en los próximos meses se aprobará la cuarta relativa a la regulación de los mapas rurales, con lo que se cerrará la totalidad del modelo de ordenación. Además, como ha explicado el consejero, esta última norma "flexibiliza" algunas cuestiones que fueron legisladas de forma "muy rígida" en la Ley de Ordenación.

Ante los miembros del CES ha reconocido que en la tramitación de toda esta normativa se han producido muchos cambios en pro del acuerdo, ya que se exige un apoyo de los dos tercios de las Cortes para garantizar así la permanencia de las leyes en el tiempo. "Es un buen acuerdo

porque nos deja a todos un poco insatisfechos", ha reseñado.

Asimismo, De Santiago-Juárez ha insistido en que acometer una ordenación territorial era "absolutamente imprescindible" en al Comunidad, a pesar de lo que ha reconocido la complejidad de acometer una reforma así en una región en la que el 70 por ciento de los municipios son menores de 500 habitantes.

A las dificultades afrontadas durante el proceso el vicepresidente ha sumado la Ley Montoro que, como ha destacado "contribuyó más a la confusión". "Afortunadamente finalmente fue anulada por el Constitucional", ha aseverado. A esta situación ha unido los cambios en la dirección del PSOE registrados en los últimos años como otra de las dificultades a las que se asumidas en el proceso.

Con la aprobación de la última ley que exige el proceso de ordenación se abordará la situación de las zonas rurales donde viven 900.000 habitantes de Castilla y León y con cuyo contenido pretende avanzar en la corrección de desequilibrios "económicos y territoriales". "Los mapas no es lo importante, la base es la prestación de servicios"; ha manifestado, al tiempo que ha asegurado que el objetivo principal es que "todo el mundo se sienta a gusto", por lo que se ha avanzado en solucionar algunas "rigideces" detectadas en la Ley inicial.

En este sentido, ha insistido en

la garantía que ofrece la ley en la prestación de servicios en el medio rural y ha asegurado que con ella se facilita que los municipios puedan ejercer de forma adecuada con lo que la normativa les exige a través de los servicios que se prestarán en las mancomunidades de interés general.

"El objetivo es que los municipios se asocien para prestar mejor los servicios y poder cumplir con sus competencias", ha explicado, tras lo que ha señalado que se trata de una normativa "municipalista y autonomista".