La Junta reduce al 10% la pérdida de terreno por concentración parcelaria en una norma que agilizará plazos

  • La Junta de Castilla y León reducirá al 10 por ciento la pérdida máxima de terreno por participación en una concentración parcelaria -en estos momentos el porcentaje asciende al 17 por ciento- a través del Reglamento de Concentración Parcelaria presentado este jueves al Consejo de Gobierno y que busca agilizar los plazos, simplificar los trámites y lograr una mejor dimensión de las explotaciones.

Esta una de las principales novedades del Reglamento de Concentración Parcelaria que supondrá un "hito normativo" en Castilla y León ya que, en estos momentos, no existe una norma específica para las concentraciones parcelarias cuyo marco regulador es la propia Ley Agraria lo que dificulta una interpretación homogénea, según ha reconocido la consejera de Agricultura y portavoz, Milagros Marcos.

Otra de las novedades que incluye este Reglamento es el impulso a las concentraciones parcelarias en régimen cooperativo en las zonas con poca actividad agrícola pero con gran presencia ganadera a través de entidades asociativas, "muy importante sobre todo para las zonas de montaña".

La nueva ordenación también permitirá poner en valor la masa común de fincas sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo y podrán destinarse al banco de tierras o cederse a las entidades locales para la ejecución de infraestructuras comunes o la mejora medioambiental.

Según sus datos, la superficie concentrada en la actualidad representa el 66,9 por ciento y el objetivo con la nueva regulación es llegar al 82 por ciento en esta legislatura. Para ello, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha comprometido a realizar inversiones en 160.000 hectáreas de concentración parcelaria por 110 millones de euros.

El procedimiento de concentración parcelaria se publicará en el Portal de Gobierno Abierto para lograr la máxima transparencia y participación de todos los interesados en el proceso de reordenación de la propiedad agraria, "sin dejar de lado el método tradicional a través de los tablones de anuncios de los ayuntamientos implicados, con el objetivo de alcanzar la máxima publicidad y participación en el procedimiento de concentración parcelaria".

Entre los principales objetivos del nuevo Reglamento, que tiene que pasar por el CES y por el Consultivo para su aprobación definitiva en el Consejo de Gobierno, destacan reordenar la estructura de la propiedad conforme a criterios técnicos que permitan hacer las explotaciones más rentables, adjudicar a cada propietario "el menor número posible de fincas de reemplazo", adjudicar contiguas las fincas integradas en una misma explotación y fomentar la creación de explotaciones agrarias de dimensiones adecuadas.

La Consejería de Agricultura y Ganadería también ha previsto la realización de las obras que sean necesarias para el aprovechamiento racional de las explotaciones resultantes así como dotar a las fincas de reemplazo de acceso a una vía de comunicación "buscando, además, el establecimiento de medidas de integración ambiental y de protección y conservación del patrimonio natural".

Marcos ha explicado que los aspectos más característicos de esta normativa son la agilidad y una mayor participación a los agricultores implicados en los procesos de concentración parcelaria, "proporcionando, además, claridad, transparencia, eficiencia y ahorro de costes".

Así, con el nuevo Reglamento se reducen los plazos de tramitación, "sin que supongan una merma de las garantías de los beneficiarios de la concentración parcelaria". A modo de ejemplo, ha explicado que esta agilización se

en garantizar la rápida disposición de las fincas de reemplazo una vez publicado el acuerdo de reordenación parcelaria ampliando del 5 por ciento al 15 por ciento del total de propietarios el número de recursos administrativos presentados contra el acuerdo de reordenación que son necesarios para suspender dicha toma de posesión.

También se instrumenta la concentración abreviada en determinados casos "lo que permite refundir fases del proceso de concentración parcelaria y, de esta manera, acortar la duración del mismo. Y se permite, además al mismo tiempo, simultanear determinadas fases de concentración, lo que supondrá reducir los plazos para llevar a cabo los trabajos".

Una de las manifestaciones de la máxima implicación de los agricultores es la regulación de las concentraciones parcelarias de carácter privado, en la que los promotores de la misma serán los encargados de elaborar los documentos básicos de la concentración parcelaria siguiendo las directrices fijadas por la Administración y bajo la supervisión de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Marcos ha aprovechado la ocasión para recordar que los procesos de concentración parcelaria son "una de las actuaciones más eficaces" para conseguir adaptar la estructura de las explotaciones y reordenar e identificar la propiedad del suelo rústico.

En su opinión, la concentración parcelaria es "imprescindible" cuando va vinculada a actuaciones de modernización o transformación de nuevos regadíos y permite optimizar las inversiones a realizar y lograr una eficaz puesta en riego de las nuevas unidades de cultivo con sistemas tecnológicamente avanzados.

Entre los principales beneficios que conlleva la concentración parcelaria ha destacado los de productividad y competitividad con la corrección de desequilibrios, la mejora de la rentabilidad de las explotaciones al hacerlas más eficientes, el aumento de la posibilidad de diversificar producciones, el aumento de la eficiencia y la vida útil de la maquinaria, la mejora de la comunicación en el medio rural y la multiplicación de las funciones y los usos potenciales del suelo rústico.

Por su parte, entre los beneficios socioeconómicos de las concentraciones parcelarias ha mencionado la mejora del nivel de vida de los agricultores, la posibilidad de atraer jóvenes y mujeres a la producción agraria, potenciar el desarrollo de la industria agroalimentaria y facilitar la comunicación en el medio rural.

Según sus datos, las actuaciones de concentración parcelaria son una de las actuaciones más eficaces en el medio rural para potenciar la actividad y el empleo. Constituyen una herramienta contrastada de lucha contra el despoblamiento y los desequilibrios territoriales.

Como ejemplo ha explicado que el número de incorporaciones de jóvenes en zonas concentradas es un 40 por ciento superior a zonas no concentradas, y la inversión privada de los agricultores para modernizar sus explotaciones es un 36 por ciento mayor.

A esto ha sumado la mejora del ahorro energético, la reducción de la contaminación y del consumo de combustibles y la mejora de la calidad medioambiental son algunos de los objetivos de sostenibilidad ambiental que conlleva una concentración parcelaria.

Así, en las concentraciones parcelarias se tiene en cuenta, de forma especial, la protección del medio natural, el respeto absoluto a los valores ecológicos, paisajísticos y ambientales de las zonas de actuación. Ayuda, además, a disminuir las emisiones de efecto invernadero (disminución de distancias un 40 por ciento, ahorro de combustible un 25 por ciento y reducción de CO2 un 25 por ciento).

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