En sendos escritos elevados a los juzgados de Instrucción que investigan estas causas, a los que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del sindicato, Rafael Prieto, resalta que al personarse en ambos procedimientos "se hizo constar que nos movía la exclusiva convicción de que nuestra tarea debía ser un beneficio para la sociedad civil, que es la principal interesada en que las acusaciones fundadas se mantengan hasta el final y se llevase a buen término el procedimiento".

En este sentido, el letrado destaca la "formidable labor técnica" realizada por Mercasevilla y la Fundación Socioasistencial en la causa del delito societario de la lonja que investiga la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, y la desarrollada por la Fundación 'DeSevilla' en el procedimiento que indaga el juez de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas.

Asimismo, y para justificar su decisión, el abogado recuerda que en ambas causas ya se ha dictado auto de procedimiento abreviado, destaca igualmente el "no menos esforzado trabajo" desarrollado por la Fiscalía de Sevilla y señala "la previsible e inmediata anuencia de los escritos de acusación correspondientes".

Por todo ello, entiende que en ambas causas "quedan suficientemente salvaguardados los intereses generales, sin que -cierta y honestamente- esta parte considere útil el mantenimiento de su acusación popular, entendiendo dicha utilidad como un provecho para los intereses generales".

El abogado subraya que cuando "hemos estimado -siempre desde la más respetuosa objeción- que una resolución no se ajustaba a derecho y, sobre todo, que desde la perspectiva de los intereses de la sociedad civil debía impugnarse, lo hemos hechos (como en la causa de los ERE o en la de los cursos de formación, encontrándose pendientes las apelaciones)".

No obstante, y en los dos escritos fechados este miércoles 14 de diciembre, Rafael Prieto señala que "esta dirección igualmente conduce a que cuando algo se lleva a buen término y en puridad, valoramos que no puede hacerse mejor, haya de retirarse nuestra acusación popular", ya que "no tiene sentido una presencia puramente adhesiva en un trabajo del todo impecable".

"No teniendo utilidad práctica el mantenimiento de nuestra acusación popular" en ambas causas, "el verdadero beneficio para la sociedad civil se encuentra precisamente en nuestra retirada (evitando a la causa retrasos y costes materiales sin contraprestación), concentrando su valor (el de la acusación popular) cuando realmente se precisa y dejando el mérito exclusivo y en primera línea al resto de acusaciones, y muy especialmente" a la labor técnica de Mercasevilla, Fundación Sociasistencial y Fundación 'DeSevilla' "por un trabajo magnífico", dice.

En el caso Mercasevilla, la juez María Núñez ha procesado a un total de 14 personas, entre ellas el ex director general de la lonja Fernando Mellet, para quien la Fiscalía ha pedido 24 años de cárcel y 40 años de inhabilitación por cuatro delitos de malversación de caudales públicos, uno de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a 449.164,74 euros.

La instructora, igualmente, ha procesado a los administradores de la empresa Hermes Consulting, Francisco José González García y Francisco Limón Romero; al que fuera presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, Antonio Vela, y a su hija Carmen Vela; a ocho trabajadores de Mercasevilla que se acogieron al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 y a la responsable del departamento de contabilidad de Mercasevilla, Pilar Giraldo.

De su lado, el juez que investiga las presuntas irregularidades en la Fundación 'DeSevilla' ha procesado únicamente al exdirector general de la fundación Miguel López Adán (IU-CA), todo ello tras archivar la causa contra el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y contra Carlos Vázquez, que fuera secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento.