El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la resolución del Parlament de Cataluña que prevé un referéndum en 2017, como muy tarde el 17 de septiembre, al haber admitido a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno en contra de aquella decisión.

El Pleno del Constitucional ha acordado admitir a trámite el incidente de ejecución contra esas resoluciones del Parlament que presentó la Abogacía del Estado.

El Gobierno defiende que el Parlament desobedeció la sentencia del Constitucional con su resolución del pasado 6 de octubre referida al "Referéndum" y al "Proceso Constituyente", incluidos en el Título I sobre "El futuro político de Cataluña.

La decisión del Parlament supone la suspensión inmediata de las resoluciones aprobadas por el Parlament durante al menos 5 meses, y se trasladará la decisión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que velen por su complimiento.

Esa iniciativa -aprobada con el apoyo de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y la abstención de Catalunya Si Que Es Pot- implica la convocatoria de un referéndum vinculante en 2017 y la convocatoria de unas "elecciones constituyentes" seis meses después si el 'sí' a la independencia vence por más del 50 % de los votos.

La suspensión cautelar de los apartados objeto del incidente de ejecución es consecuencia directa y automática de la invocación por parte del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución, que determina a su vez que el Tribunal debe levantar o ratificar esa suspensión en un plazo de cinco meses.

Esta suspensión será notificada personalmente a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; al resto de miembros de la Mesa; al secretario general de la cámara; al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los demás integrantes del Ejecutivo catalán.

A todos ellos se les advierte del deber de "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y les apercibe de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

De hecho, como consecuencia de la anterior, el mismo 6 de octubre el tribunal emplazó al fiscal a actuar contra Forcadell por desobedecer sus resoluciones que anulaban la hoja de ruta hacia la independencia.

Esa decisión derivó en una querella de la Fiscalía contra la presidenta del Parlament, que está citada el viernes 16 de diciembre como investigada (imputada) en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En el acuerdo alcanzado hoy, el tribunal de garantías requiere a Forcadell, a los miembros de la Mesa y al secretario general de la Cámara para que informen si las actuaciones que derivaron en la aprobación de la resolución por la que se convocó el referéndum soberanista contravienen las decisiones anteriores del Constitucional contra ese proceso.

Además, el Pleno ha dado veinte días de plazo al fiscal y al Parlament para que presenten alegaciones al escrito de la Abogacía del Estado.

La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha criticado este miércoles al Estado tras la decisión del TC de suspender cautelarmente las resoluciones aprobadas en el Parlament que instan a celebrar un referéndum, por lo que ella da por zanjado el acercamiento de posiciones entre los gobiernos central y catalán: "La operación diálogo acaba aquí".

Ha declarado a los medios que la CUP ya preveía estas suspensiones y que por eso plantearon la resolución independentista suscrita el 9 de noviembre de 2015 por JxSí y la CUP, que llamaba a no reconocer al TC ni sus dictámenes porque es un "tribunal de parte" del Estado español.

La diputada entiende que ha finalizado el diálogo con el Gobierno central y afirma quee ahora toca llevar adelante la hoja de ruta unilateral: "El Estado no quiere diálogo. Nosotros celebraremos el referéndum igualmente".

Por ese motivo ha emplazado al Govern a comenzar con los preparativos para celebrarlo con un primer punto de partida, que será la reunión para abordar la consulta que el Ejecutivo catalán prevé celebrar el 23 de diciembre.

"Toca hacer campaña por el 'sí', y quien quiera hacer campaña por el 'no', que la haga", ha añadido.

Los diputados de JxSí y la CUP han vetado este miércoles que el Parlament presente candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y lo han hecho votando en contra de los dos candidatos que había propuesto el PSC: Xavier Arbós y Félix Vicente Azón.

La votación se ha hecho en la Comisión de Asuntos Institucionales y los dos candidatos han sido rechazados con los votos en contra de JxSí y la CUP; las abstenciones de C's y PP, y los votos a favor del PSC y SíQueEsPot.

JxSí y la CUP, que han renunciado a presentar candidatos y que han tumbado los del PSC, han coincidido en defender que no pueden proponer magistrados del TC ni avalar los candidatos de otros porque lo consideran un tribunal "deslegitimado" por sus resoluciones contra leyes catalanas.

El presidente de Junts pel Sí (JxS), Jordi Turull, ha asegurado que mantienen el compromiso firme de convocar un referéndum, por lo que "no se distraerán" con las sentencias contrarias del Tribunal Constitucional y ha afirmado que no ve "motivos" para que no celebrar la cumbre del 23 de diciembre.

En declaraciones a los medios en el Parlament, Turull ha manifestado la predisposición "determinante" de su grupo de mantener el compromiso "muy claro" de celebrar un referéndum en 2017, independientemente de las resoluciones del alto tribunal contrarias al referendo: "No nos distraerán", ha advertido el portavoz parlamentario del grupo del gobierno catalán.

Aunque el Constitucional ha suspendido los preparativos previos a la convocatoria de un referéndum, Turull no ve "motivos" para que no se celebre la cumbre del próximo viernes 23 de diciembre.