El Govern ha iniciado la tramitación del anteproyecto de ley para modificar la ley de turismo que incluye, entre otras medidas, que las estancias turísticas deban tener la autorización de la comunidad de propietarios, sanciones de hasta 40.000 euros, que las construcciones deban tener una antigüedad mínima de 10 años y establece un registro obligatorio para las viviendas que se anuncien en portales web.

Desde el Govern, señalan que los objetivos son establecer un techo real de plazas turísticas y regular adecuadamente la comercialización de estancias turísticas en viviendas, cumpliendo de esta manera los Acuerdos del Cambio firmados por PSIB, MÉS y Podemos.

Según ha publicado este lunes el Ejecutivo autonómico, entre otros

principios, se tiene que garantizar la convivencia entre turistas y residentes, regulando los usos urbanísticos por lo que se dotará a las comunidades de vecinos de los instrumentos adecuados para resolver los eventuales problemas de convivencia, desde el respeto a las competencias de consells y ayuntamientos.

De esta manera, en el caso de las viviendas plurifamiliares, la comercialización de estancias turísticas solo se permitirá en función de lo que determinen los estatutos de las comunidades de propietarios, o en caso de que haya una autorización expresa. También tendrán que tener contador de agua propio.

Esto se hace, explican, con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda por parte de residentes y trabajadores, por lo que también se delimitarán las zonas aptas para la comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso residencial. Así, solo se permitirán nuevas comercializaciones de estancias de alquiler turístico (tanto en viviendas unifamiliares como plurifamiliares) en estas zonas.

ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 10 AÑOS

Entre sus medidas el Govern también establece que para acreditar la consolidación del uso residencial de la vivienda y de impedir la especulación, las construcciones (tanto unifamiliares como plurifamiliares) tendrán que tener una antigüedad mínima de 10 años.

Además, respecto a la comercialización indiscriminada de estancias turísticas a viviendas no legalizadas, se incrementará ostensiblemente el importe de las sanciones a este tipo de oferta ilegal.

Por esto se establecerá que las administraciones turísticas tendrán que imponer sanciones por infracción grave en su margen más elevado (entre 20.000 euros y 40.000 euros).

REGISTRO PARA VIVIENDAS ANUNCIADAS EN LA WEB

Cabe resaltar que las plataformas web de comercialización de estancias turísticas solo podrán anunciar las viviendas que estén registrados legalmente. La nueva ley permitirá imponer sanciones a las webs que incumplan este requisito.

Desde el Govern también explican que cualquier ciudadano se tiene que poder beneficiar de la actividad turística por lo que la ley tiene que establecer principios, normas y criterios universales que "todo el mundo tiene que cumplir, y no tiene que generar agravios comparativos". Así, las viviendas tendrán que cumplir una serie de requisitos mínimos: legales, urbanísticos, de sostenibilidad, entre otros.

GESTIÓN EQUILIBRADA

Por otra parte, el Govern quiere garantizar una gestión equilibrada del número de plazas turísticas, haciendo efectivo el principio de intercambio de plazas para establecer un techo real, como uno de los instrumentos para evitar un crecimiento ilimitado de la oferta que puede provocar masificación turística.

Con este objetivo se suprimirán las excepciones al intercambio de plazas (excepto en Menorca, donde habrá un período transitorio). Todo el mundo que quiera abrir un establecimiento turístico, o comercializar estancias turísticas en una vivienda, tendrá que adquirir las plazas acudiendo a la bolsa insular correspondiente, siempre que haya disponibles.

PLAZA POR PLAZA

Estas plazas también se podrán adquirir de alojamientos turísticos o de viviendas residenciales que se den de baja, siempre que estos hayan comprado las plazas previamente. Siempre se hará cumpliendo el intercambio plaza por plaza ya que hasta ahora había una fórmula que permitía adquirir más de una plaza nueva por cada plaza que se daba de baja.

En el caso de las viviendas plurifamiliares, las plazas turísticas se adquirirán por un plazo de cinco años, renovables (siempre que la zona continúe considerando apta para la comercialización de estancias turísticas). Además, se prohibirán nuevas comercializaciones de estancias turísticas en viviendas ubicadas en suelo rústico protegido.