La Ley de Dependencia se estanca en la comunidad. Pese a que entró en vigor en abril, ninguno de los 50.000 grandes dependientes que hay en la región han podido beneficiarse de sus ayudas, según un informe de CC OO que denuncia «la absoluta parálisis» de la puesta en marcha en la región de esta nueva ley estatal.

El sindicato también critica la falta de información a los ciudadanos para que reclamen sus ayudas. Eso explicaría que en lo que va de año sólo se hayan presentado al Gobierno regional 10.000 solicitudes, cifra que contrasta con el de otras comunidades con menos población, como Galicia (casi tres millones), Valencia (casi cinco millones), que superan las 20.000.

Además, de esas 100.000 peticiones, el 60% todavía está pendiente de valoración. Del 40% restante, los que ya saben que tienen derecho a la ayuda aún no la han recibido porque no se ha desarrollado en la Comunidad ningún marco legal para ello.

«Madrid y Murcia [gobernadas por el PP] son las dos únicas comunidades sin normativas para la aplicación de este derecho», según CC OO.

Ningún madrileño

La Ley de Dependencia recogía que, antes de que acabara el año, los 200.000 grandes dependientes (discapacitados que necesitan la ayuda constante de otra persona en sus tareas cotidianas) que hay en España deberían haber comenzado a ser atendidos. «Por ahora llevamos 100.315, ninguno de Madrid», afirman fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La Consejería de Asuntos Sociales achaca el retraso a que el Gobierno central aún no les ha dado dinero y a que la Comunidad ya atiende a las personas dependientes.

Un nuevo derecho (y reclamable)

La Ley de Dependencia, aprobada en enero de este año con el apoyo de PSOE y PP, establecía una serie de ayudas, tantos directas como indirectas, para el total de personas dependientes que hay en España. «Es un nuevo derecho, equiparable a la educación o a la sanidad, y por lo tanto, reclamable, incluso ante los tribunales», asegura un portavoz del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Su puesta en marcha se ha dividido en varias etapas, la primera se hace cargo de los casos más graves, los llamados grandes discapacitados, como tetrapléjicos o mayores con alzheimer avanzado, que necesitan el cuidado y atención de una tercera persona a su cargo. El plazo máximo de cada comunidad para valorar las diversas solicitudes es de tres meses.