En el inicio de expediente se detalla la posible vulneración de hasta cuatro leyes de carácter estatal, tres reglamentos europeos, una directiva europea y la Ley de protección y defensa de los consumidores de Baleares, según informa el Govern en un comunicado.

Los hechos han sido pre calificados como muy graves, ya que concurren diferentes agravantes, como la grave alteración social, que genera desconfianza en los consumidores; la negligencia grave o dolo, y la generalización de la infracción, habida cuenta del gran número de vehículos afectados.

La Ley 7/2014 de protección y defensa de los consumidores tipifica para hechos muy graves sanciones de hasta 660.000 euros. La cuantía concreta se determinará en la instrucción del expediente que se inicia ahora.