En nota de prensa, el Ministerio Fiscal sostiene que los acusados, en marzo de 2013 estaban destinados en el Cuartel de Cabañaquinta. En esas fechas se celebraron en el cuartel diversas entrevistas con distintos miembros de la Benemérita, en el seno del expediente disciplinario seguido frente a otro guardia.

Los acusados, puestos de común acuerdo, aprovecharon la oportunidad que les daban sus respectivos destinos en el cuartel para colocar en el lugar en que se practicaron las entrevistas un dispositivo de grabación de audio con el afán de grabar el contenido de las mismas. Ni los instructores del expediente, ni los partícipes como testigos, ni el expedientado sabían que estaban siendo grabados y por lo tanto no autorizaron tal grabación.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de revelación y descubrimiento de secretos del artículo 198 del Código Penal, en relación con el 197.1, y solicita que se condene a cada acusado a 3 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante todo el tiempo de duración de la condena, 22 meses de multa, con una cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y 8 años de inhabilitación absoluta. Costas.