Según ha informado el Gobierno asturiano en una nota de prensa, esta persona responsable de las instalaciones se encargará, entre otras funciones, de atender a los usuarios con movilidad reducida cuya situación les impida el suministro en régimen de autoservicio.

El cambio en la norma tiene en cuenta, además, que pueden existir otros problemas derivados del autoservicio en las gasolineras, por ejemplo, el derrame de combustibles, el uso inadecuado de las instalaciones, la imposibilidad de reclamar por errores a la hora de repostar o cobrar servicios y la dificultad para obtener una factura.

Con esta medida, Asturias se une a varias comunidades que ya han aprobado normas de este tipo, dado que las instalaciones desatendidas suscitan preocupación entre las organizaciones sindicales y empresariales, así como entre las asociaciones de consumidores y de personas con discapacidad.

El cambio legislativo entrará en vigor dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.