La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha dado cuenta de la solución alcanzada en el caso de un conflicto entre la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) y una mujer a la que la citada entidad reclamaba una deuda, en concepto de "liquidación de fraude", al carecer de contrato para el suministro de agua la vivienda en la que residía en régimen de alquiler.

A través de una resolución emitida el pasado lunes y recogida por Europa Press, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz da cuenta de la situación de una mujer que acudió a dicha institución, "ante el riesgo de corte de suministro de agua por una deuda que le reclamaba Emasesa, correspondiente a una liquidación por fraude en el suministro de agua de su vivienda".

La afectada, en ese sentido, "alegaba que desconocía que carecía de contrato de suministro, ya que residía en la vivienda en régimen de alquiler y su renta incluía el pago del recibo de la comunidad, habiéndole indicado el arrendador que incorporaba el gasto de agua", según su relato.

"LIQUIDACIÓN DE FRAUDE"

Continúa el departamento de Maeztu que después, "Emasesa paralizó la gestión de cobro" atendiendo a las "alegaciones" de esta vecina, si bien "transcurrido un tiempo, le exigía la acreditación de las actuaciones seguidas contra el arrendador y, en su defecto, le indicaba que continuarían frente a ella con la reclamación de la liquidación de fraude, si bien podrían ofrecerle un plan de pago adaptado a sus circunstancias personales debidamente acreditadas por los servicios sociales municipales".

El proceso, según el departamento de Jesús Maeztu, fue finalmente resuelto con la "suspensión de la gestión de la factura reclamada y el procedimiento de suspensión del suministro", tras lo cual fueron "acordadas facilidades de pago de la deuda, mediante la intervención de los servicios sociales comunitarios".