Por medio de la declaración, aprobada por todos los grupos (PSOE, PP, Podemos, IU, Foro y Ciudadanos), el parlamento asturiano se declara comprometido con el sostenimiento y mejora de los servicios destinados a la recuperación de las víctimas, las estrategias de acceso a la formación y al empleo.
"Esta violencia, que ya es un asunto de Estado, debe convertirse oficialmente en una cuestión de Estado porque lo desestabiliza social, política y económicamente. Pero también porque desestabiliza nuestro propio auto-concepto de sociedad defensora de los derechos humanos", añade.
La junta General considera que las instituciones deben encargarse de garantizar con las actuaciones que sean precisas que nacer mujer "no suponga un riesgo añadido ni una limitación de inicio".
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