La Asamblea Regional ha aprobado con los votos a favor de PP y Ciudadanos la ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. La normativa, que entró en el parlamento regional como un decreto-ley aunque se llegó a un acuerdo para tramitarlo de manera que los grupos parlamentarios pudieran introducir sus propuestas, no ha contado con el apoyo de PSOE y Podemos, partidos que consideran que se trata de una ley "problemática" y que "genera dudas sobre su constitucionalidad", en palabras de los socialistas.

La normativa introduce medidas para eliminar la burocracia en la apertura de negocios como es la supresión de la licencia comercial autonómica, previa a la licencia municipal de obra o actividad, lo que supondría una reducción de tramitación para la puesta en marcha del negocio, además, se sustituye la autorización en industria por una declaración responsable, que supondría una reducción de cuatro meses en los plazos de espera y permitiría a las nuevas empresas comenzar su actividad "al día siguiente".

Para dinamizar la actividad empresarial, la ley incluye que los pequeños comercios puedan fijar libremente el horario de apertura y cierre de sus establecimientos, además se modifica el régimen de apertura en domingos y festivos fijando que en 2017 los comercios podrán permanecer abiertos 14 días, 15 días en el año 2018 y 16, a partir de 2019.

En cuanto a la tramitación ambiental, se han introducido modificaciones para el otorgamiento de la licencia y el control de las mismas esté sujeto a una declaración responsable y que se integre en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales que sean de competencia autonómica exigibles a la instalación o actividad.

El objetivo de esta norma, según ha explicado el consejero de Desarrollo Económico, Juan Hernández, es el de "reactivar" la economía y adaptarla a "los nuevos modelos globales de comercio y empresariales". Hernández ha agradecido a las cámaras de comercio y a la Confederación de Organizaciones Empresariales la participación para que la ley "sea una realidad". Se prevé que de estas medidas se beneficien 12.000 empresas y se estima que se podrían crean unos 5.000 puestos de trabajo.

Del grupo parlamentario popular, Marcos Ortuño ha asegurado que la normativa "apuesta" por la libertad económica y ayuda a emprendedores y autónomos. El popular ha destacado que la ley supone una reducción de los plazos para iniciar la actividad y que gracias a ella "9 de cada 10 empresas podrán empezar a funcionar al día siguiente". A su juicio, la ley convertirá a la Región en un lugar "más atractivo para invertir" y ofrecerá "más oportunidades a los emprendedores". Ha aprovechado su intervención para criticar a Podemos y PSOE de los que ha dicho que "apuestan por el intervencionismo de las administraciones públicas y un aumento de los impuestos".

Quien también se ha posicionado a favor de la ley ha sido el grupo Ciudadanos que, aunque ha advertido, en palabras de Miguel Ángel López Morell que no les gusta la fórmula del decreto-ley, han recordado que este tipo de medidas "las recoge" el acuerdo de investidura. Aparte, afirman que la Región es una de las Comunidades en las que "más trabas" se encuentran los comerciantes a la hora de iniciar su actividad porque "la administración está burocratizada en exceso". A esto achacan una "huida masiva de inversiones", situación que esperan que resuelva la presente ley.

En contra de la norma se han mostrado durante el debate parlamentario tanto Podemos como el PSOE. Por parte de Podemos, María Giménez ha criticado que en la comisión donde se debatieron las enmiendas a la ley "se pasó el rodillo" y se aprobaron las del PP "impidiendo" que salieran adelante las propuestas de Podemos y PSOE. A su juicio, la ley "gana en desprotección" porque consideran que en esa dinamización de la actividad que se propone "pierden los trabajadores y el propio comercio". Además están en "contra" de las modificaciones de la tramitación ambiental, pues "supondría eliminar el principio de precaución en la legislación".

En cuanto al PSOE, el socialista Alfonso Martínez Baños ha afirmado que la ley "tiene lagunas importantes y genera dudas sobre su constitucionalidad". Los socialistas la ven como una norma de "apaño" y consideran que los intereses "son minoritarios". Opinan que se "desregulariza" el medio ambiente, la salud pública y la seguridad de las personas y afirma que se "legislan también los espectáculos públicos o un decreto de ruido porque eliminamos el artículo que indica que los ruidos en bares han de ser de hasta 80 decibelios".