Andalucía,

Castilla-La Mancha y Extremadura ya han planteado la misma petición esta semana y es probable que se sumen también otras autonomías, según ha explicado el Gobierno asturiano en una nota de prensa.

De acuerdo con otras comunidades, el Ejecutivo autonómico considera que la reunión de esta comisión, prevista en el reglamento de la Cámara Alta para permitir la participación de las comunidades y proponer recomendaciones, puede ser un buen espacio para la reflexión y el diálogo, en el que las diferentes administraciones acerquen posiciones sobre el funcionamiento y financiación de la Ley de la Dependencia, desde el respeto, el rigor y la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Entre otros temas, las autonomías quieren analizar en este contexto las consecuencias de las medidas de recorte aplicadas por el Gobierno de Mariano Rajoy desde 2012 y reflejadas en real decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público; el real decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y en los presupuestos generales del Estado.

Asimismo, pretenden que se estudie la posibilidad de levantar la suspensión del nivel de protección acordado con efectos retroactivos desde el ejercicio 2012 y restablecer el nivel mínimo vigente antes de los recortes.

La pérdida del nivel de protección acordado, una cantidad fija que aporta el Estado a las comunidades en función de parámetros como la población, el nivel de renta, etcétera, junto con la reducción del 13% del nivel mínimo, cantidad que aporta el Estado por cada dependiente, han supuesto para Asturias una merma de ingresos de unos 40 millones en los tres últimos ejercicios (2013,2014 y 2015).

El Gobierno de Asturias, a través de la consejera de Servicios y Derechos Sociales, ha reivindicado en numerosas ocasiones la necesidad de revisar la Ley de la Dependencia, tras diez años en vigor, y

alcanzar un pacto de Estado en esta materia, que garantice el funcionamiento del sistema y asegure su sostenibilidad, puesto que la aportación económica media de las comunidades alcanza ya el 82% frente al 18% de financiación estatal. Actualmente, el Principado atiende a más de 19.000 dependientes.