De un lado, el portavoz andalucista, Alberto Mercado, considera que "es urgente que el alcalde convoque una junta de portavoces para dar explicaciones de qué se está investigando, qué ha ocurrido en el seno del Ayuntamiento de Tomares y si realmente está limpio".

Faustino Rodríguez, por Ciudadanos, ha señalado que él mismo fue llamado por el juzgado por su papel en el pasado como responsable del área de limpieza y vías y obras, asegurando que "jamás" vio los informes facturados al Ayuntamiento por el popular Juan Campos, cuando aún no era concejal del Gobierno municipal del PP. "Además, la documentación que me mostraron disponía grandes irregularidades en relación a la forma de funcionamiento que yo conocí en mi tiempo como delegado, fundamentalmente por la falta del informes de legalidad del secretario que hasta entonces yo entendía como obligatorio a la hora de formalizar un contrato aunque fuera menor", dice Rodríguez, opinando que el alcalde debe dar "las explicaciones oportunas a todos los representantes vecinales".

Sí Se Puede Tomares, de su lado, ha reclamado a José Luis Sanz que "aclare tanto a la ciudadanía de Tomares como a la Justicia todo lo relacionado con este caso". "La condición de Senador de José Luis Sanz no puede ser un obstáculo para que se aclaren los posibles delitos", expone.

En la providencia, emitida el pasado 9 de noviembre, adelantada por Diario de Sevilla y recogida por Europa Press, la juez María de los Reyes Flores da cuenta de un "oficio" del Tribunal Supremo "certificando la condición de senador" del alcalde de Tomares, así como un "oficio de la Fiscalía incoando diligencias de investigación por delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos". "Únase a las diligencias de su razón, pasen las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe", señala la providencia.

A tal efecto, cabe recordar que el pasado mes de junio, la juez instructora, a petición de la Fiscalía, había pedido que se certificase "la situación actual" de Sanz, con relación a una pieza separada de la investigación inicial del contrato gracias al cual el exdelegado municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tomares Juan Campos (PP) percibió retribuciones municipales cuando no ostentaba acta de concejal, por informes de apenas dos o tres líneas que habrían sido supuestamente elaborados 'a posteriori', para justificar precisamente el dinero abonado.

VARIOS IMPUTADOS

Merced a esta causa fueron imputados, -investigados según la terminología actual- el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la entonces concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; el propio Juan Campos; y la entonces concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez; así como también el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada Guerra 21.

En determinado punto de la instrucción, la juez del Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla elevó al Tribunal Supremo una exposición razonada sobre los "indicios" a su juicio existentes contra el alcalde de Tomares y entonces ya senador por Andalucía, el popular José Luis Sanz, quien dada la condición de aforado sólo podía ser investigado por la citada instancia judicial.

En abril de 2015, no obstante, el Tribunal Supremo archivó sus actuaciones respecto a José Luis Sanz al no apreciar delito por parte del alcalde tomareño y devolvió las diligencias al Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, para que dicha instancia siguiese con la investigación del resto de implicados no aforados, es decir Eloy Carmona, Juan Campos, Pilar Domínguez, Mercedes Fuentes, el vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y los dos representantes de la empresa Guerra 21.

NUEVA CAUSA

Previamente, por cierto, la citada instancia judicial, merced a la investigación inicial, había deducido testimonio e incoado una nueva causa, imputando de nuevo al concejal de Presidencia, Eloy Carmona; el entonces concejal de Deportes y otrora responsable de Hacienda, José María Soriano; y el entonces concejal de dicha área, Miguel García de la Rosa, por un presunto delito de cohecho relacionado con la supuesta contratación de trabajos no justificados y sobre los que no mediarían "informes".

De cualquier modo, el pasado 9 de junio la Fiscalía pidió al Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla que "se libre oficio al Senado para que certifique la situación actual de José Luis Sanz y si por el mismo se ostenta en la actualidad la condición de aforado por ser senador electo o miembro de la Comisión Permanente del Senado", ordenando la juez, mediante una providencia relativa a la pieza separada de la investigación del contrato de Juan Campos, "librar oficio para que se certifique la situación" de José Luis Sanz.