Esta iniciativa es fruto del convenio de colaboración firmado este lunes en Valencia entre el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes; el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro. Al acto han asistido también, entre otros, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva; y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

Se trata de un convenio sobre 'Detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social' que ya existe en otras localidades como en Andalucía y Galicia.

En concreto, este convenio -tal y como contempla el mismo- tiene por objeto establecer un protocolo de actuación en los supuestos en los que, con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de un desahucio por falta de pago de la renta, a juicio del juez se observe una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social que determine la conveniencia o necesidad de intervención.

En ese caso, el juez lo comunicará a los servicios sociales de la Generalitat, o de un determinado ayuntamiento, para que estos lo trasladen al organismo competente y se pueda adoptar la decisión oportuna. Así, si se cumplen los requisitos exigidos, se incluirá a los afectados por pérdida de su vivienda habitual en los programas de realojo gestionados por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.

La consellera Bravo ha explicado que la finalidad de este convenio es establecer una línea de colaboración entre las instituciones "para evitar que cualquier persona en situación de exclusión social, que se encuentre inmersa en un procedimiento judicial y pendiente de lanzamiento por impago de cuotas hipotecarias o arrendaticias, se quede en la calle".

Se trata, ha indicado, de mecanismos de control ante situación de riesgos "para que no haya ningún valenciano en la Comunitat que, como consecuencia de un procedimiento judicial, pudiera no solo perder su vivienda, sino incluso encontrarse sin techo", ha apostillado.

Así, las administraciones pondrán a disposición de los jueces -ha continuado- "toda la información necesaria" en materia de red asistencial en cuanto a servicios sociales, a los pisos a su disposición gestionados por Obras Públicas.

Así mismo, desde la Conselleria de Justicia se pondrá a disposición de los órganos judiciales todos los folletos informativos dirigidos a ciudadanía para que sepan los recursos que la Generalitat les ofrece para evitar este tipo de situaciones.

Por su parte, también los ayuntamientos, a través de la FVMP, expondrán sus recursos para evitar que "haya valencianos sin vivienda", ha insistido Bravo.