Así lo ha asegurado la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, en la presentación de este acuerdo del Consejo de Gobierno por el que la Junta aportará más de 10 millones de euros durante un mínimo de cinco años en un proyecto que supondrá una inversión de casi 40 millones de euros en la Comunidad por parte de Red.es para dotar de conectividad ultrarrápida (100 megabits por segundo, como mínimo) a los centros públicas de enseñanzas obligatorias.

Marcos ha hecho especial hincapié en la apuesta por digitalizar las aulas de los centros de 851 municipios y ha explicado que el objetivo es trabajar por extender esta conectividad al resto de los ámbitos y no sólo al educativo.

Las actuaciones previstas para conseguir este objetivo se iniciarán con el análisis de la dotación tecnológica de los centros, para definir las inversiones necesarias que permitan el acceso a las redes de banda ancha ultrarrápida, el despliegue de redes internas de comunicaciones y la dotación de equipamiento, sistemas de gestión, infraestructuras y recursos TIC.

Por último, se prevén medidas de capacitación técnica para el personal.

Según contempla el acuerdo, la entidad pública Red.es financiará todas las actuaciones hasta un importe máximo de 39,61 millones de euros, cofinanciado por el FEDER, y la Junta sufragará, cuando todos los centros estén conectados, el coste de esa conectividad ultrarrápida hasta un máximo anual de 2,04 millones, lo que supondría 10,23 millones entre 2018-2022, que es el mínimo de cinco años a contar desde la fecha de finalización del convenio que marca la normativa del FEDER para el mantenimiento de los servicios.

El convenio prevé además la posibilidad de que los centros de enseñanzas obligatorias conectados a la red podrán acceder a los servicios avanzados que presta RedIRIS, la red académica y de investigación española que incluye a más de 450 instituciones, entre ellas todas las universidades españolas y a los organismos públicos de investigación.

La conexión a RedIRIS se realizará a través de la Red de Ciencia y Tecnología de Castilla y León, gestionada por el Centro de Supercomputación de Castilla y León, operativa desde finales de 2015, y que fue objeto de una inversión de más de 9 millones de euros, cofinanciada también por el FEDER a través de convenios entre la Comunidad de Castilla y León y el Ministerio de Economía y Competitividad.