Según detalla la Subdelegación en una nota, De Torre ha mostrado a la alcaldesa su "máximo apoyo" tanto a ella como a sus concejales por los hechos que atentan a su integridad física y a su patrimonio.

Así, una de las medidas acordadas es la de mantener una información "más constante y fluida" para que tanto la Policía Nacional como la Local puedan prestar una mayor seguridad en los actos a los que acudan los miembros del gobierno municipal.

Para ello, ambos representantes han acordado que los cuerpos policiales continúen con la colaboración que han mantenido hasta el momento aumentando en la medida de lo posible el intercambio de información.

Además, De Torre y los mandos policiales presentes en la reunión han afirmado que se están llevando a cabo investigaciones para aclarar los casos contra el patrimonio de los concejales que se han producido en las últimas semanas.

En cuanto a las manifestaciones y concentraciones, el subdelegado ha recordado la prevalencia del derecho constitucional de manifestación, sólo modificable en contadas ocasiones, y la planificación del dispositivo policial en consonancia con el riesgo que los expertos policiales consideren necesario aunque, como ha indicado, siempre puede aparecer una persona que provoque un altercado público o lance objetos.

En este sentido, De Torre ha explicado a la alcaldesa de Jerez que hay dos expedientes abiertos para poder sancionar a personas que han alterado el orden público en algunas de las últimas concentraciones desarrolladas en la localidad. Ha añadido el subdelegado que de 17 concentraciones celebradas, 15 habían sido comunicadas mientras que las otras dos no.

Por último, el subdelegado ha recordado que aunque la autorización de las concentraciones y manifestaciones corresponde a la Subdelegación del Gobierno, siempre que se comunique su celebración con al menos diez días de antelación, no compete a este organismo limitar los objetos que los manifestantes lleven ni el uso que hagan de ellos, como es el caso de petardos y silbatos.

En este sentido, ha subrayado que es el Ayuntamiento, a través de una ordenanza municipal de ruidos, quien debe controlar que no se superen los límites legales, teniendo capacidad sancionadora en los casos que considere.