Para este agente, la Fiscalía solicita seis años de prisión y la inhabilitación durante seis años, lo que supondría la pérdida definitiva de su condición de policía local; el pago de una multa de 10.950 euros, a razón de una cuota diaria de 15 euros durante 24 meses, y el abono de 2.900 euros por la cantidad defraudada por el combustible no repostado pero cobrado al Ayuntamiento.

Durante el juicio y ante un jurado popular, el acusado, que únicamente ha contestado a las preguntas de su letrado, ha subrayado que él "no ha hecho nada" y que si se encuentra en esta circunstancia judicial es por "la animadversión del instructor del expediente" hacia él.

Sobre el repostaje de los vehículos de la flota, ha manifestado que el talonario de vales está "en un cajón al que tiene acceso todo el mundo", por lo que ha asegurado que "cualquier agente podía coger uno y repostar teniendo que adjuntar, posteriormente, la copia del mismo con el ticket de la gasolinera".

"No existe órgano de control alguno que revise cómo se han rellenado los vales", ha manifestado el agente, quien ha detallado que el repostaje se podía realizar en dos gasolineras, una ubicada en la zona de Las Colonias y otra a unos seis kilómetros, conocida como la de la Venta Álvarez. En ésta última sostienen las acusaciones que esta persona llevó a cabo su actividad ilícita al repostar en la misma.

Sin embargo, el acusado ha incidido en que iba a repostar "indistintamente a una u otra, dependiendo del servicio que tuviera". De igual manera, ha negado que las firmas que aparecen en los vales, de los que constan las fotocopias, sea la suya.

Previamente a su declaración, las partes han realizado los alegatos, coincidiendo la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Huelva, en mantener su culpabilidad y, la última ha insistido en "la gravedad" de los hechos, siendo la primera vez que la corporación le encarga personarse como acusación particular en unos hechos penales.

Por su parte, la defensa ha sostenido su presunción de inocencia y ha subrayado que se han vulnerado en el procedimiento varios derechos fundamentales como al de procedimiento justo y equitativo o el de la protección de datos personales y la tutela judicial efectiva de los mismos.