Según recoge la denuncia, consultada por Europa Press y adelantada por el diario 'ABC', el edil hace constar que "a día de hoy existen sospechas razonables de que dichas prácticas corruptas siguen practicándose" y lo pone en conocimiento del fiscal por si pudiera constituir la supuesta comisión de un delito continuado de corrupción en la Administración Pública y financiación ilegal de partidos políticos.

En concreto, los hechos se refieren a los fondos que cada ayuntamiento paga a los diferentes grupos políticos con representación en el pleno para hacer frente a sus gastos de funcionamiento. Un dinero que tiene una parte fija y otra variable según el número de concejales logrados. De forma semestral ahora y antes anual, estos gastos deben justificarse ante los servicios de Intervención.

Al respecto, el concejal relata que "la Ley señala claramente que las asignaciones de los ayuntamientos a los grupos municipales son para el funcionamiento del grupo y no para otros fines diferentes", a lo que añade que "esta práctica detectada en el PSOE de Lucena, consistente en desviar estos fondos para otros fines, pudiera ser también habitual en otros municipios".

En este sentido, el edil aporta una serie de documentos al fiscal que provienen de sendos escritos que el exsecretario de Organización de la Agrupación Local del PSOE de Lucena, Antonio Sánchez, y otros cuatro miembros de esa dirección enviaron a la dirección provincial y al secretario general del PSOE cordobés, Juan Pablo Durán.

En dichos escritos, se advierte de "prácticas presuntamente corruptas consistentes en que el erario público pague campañas electorales de elecciones municipales, las celebradas en 2007 y 2011 -con José Luis Bergillos como número 1 en ambas citas-, algo que los órganos competentes del partido no pueden ignorar y en modo alguno pueden ser toleradas por el PSOE".

"AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAMPAÑA ELECTORAL"

En detalle, en septiembre de 2008, un asesor del grupo político socialista en el Consistorio remite la liquidación de los gastos de funcionamiento para la fiscalización interna del segundo semestre. En ella hace constar un saldo inicial de tesorería positivo de 2.888 euros y unos ingresos municipales de 8.436 euros. En total, 11.324 euros y un balance de gastos similar. En el desglose de los mismos consta un concepto de "amortización préstamo campaña electoral" por valor de 10.595 euros. El resto, una factura de teléfono por valor de 728,39 euros.

Dos meses después, el entonces primer teniente de alcalde Francisco de Paula Algar gira otra liquidación de los gastos del grupo, pero del primer semestre, en la que recoge que se han ingresado como asignaciones más el saldo inicial de 2.888 euros un total de 11.324 euros, mientras que los gastos se elevan a 12.870 euros. El saldo sale negativo (-1.546 euros) lo que no casa con el dato positivo de 2.888 euros con el que se decía partir en el segundo semestre de ese año.

Al respecto, para detallar en qué se gastaron los fondos públicos, Francisco de Paula Algar, actual delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, pone otro recibo de teléfono de 728,39 euros y el concepto "Gastos varios campaña electoral" por una cifra de 12.141 euros.

Sobre las elecciones de 2011, la denuncia apunta al pago de gastos electorales con dinero de la cuenta de la agrupación socialista, cuando la Ley Electoral señala que los fondos que se destinan a costear este tipo de costes deben salir de una cuenta específica de la candidatura.

En marzo de 2011, Bergillos y otros cinco integrantes de su lista -entre ellos el actual alcalde, Juan Pérez-, más cinco cónyuges, abren una cuenta en una entidad para formalizar un préstamo de 50.000 euros. Diez meses antes, según recoge la documentación, ya habían imputado gastos de su campaña a la cuenta en otro banco de la agrupación local. En total fueron 5.744 euros -actos, tarjetas, fotos, cartas...-.

Ante la petición de información de los militantes denunciantes de estas irregularidades, los alcaldables acabaron justificando de su cuenta gastos "duplicados" ('apoyo técnico a la campaña') por valor de 993 euros. Esto es, facturados y abonados con fechas anteriores desde la cuenta bancaria de la agrupación.

Después, aparecen ingresos periódicos del Ayuntamiento en esa cuenta de crédito, y no en la del partido como debería haber sucedido según fija el propio reglamento interno socialista, sumando, según la denuncia, hasta 17.681 euros. "Ingresos que continuarían hasta la cancelación del préstamo", según se indica.