De este modo, la Consejería de Agricultura y Ganadería cede el uso de estas fincas a las entidades municipales que lo han solicitado por un periodo de cinco años para que las arrienden, de manera preferente a jóvenes, mujeres o entidades asociativas de la localidad o municipios colindantes.

Las rentas obtenidas se destinarán a finalidades que beneficien a la generalidad de los agricultores de la zona, con especial atención a la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras agrarias del lugar.

Una vez finalizado el plazo de arrendamiento, las fincas podrían pasar al Fondo de Tierras, prorrogarse la situación a través de la firma de nuevos convenios o adjudicárselas de forma directa a las entidades municipales.

De esta forma, se pretende establecer un periodo de tránsito ante la inminente creación del Banco de Tierras, permitiendo a los ayuntamientos beneficiarse de estas superficies y redundando, a su vez, en el beneficio de los habitantes.

FONDO DE SUPERFICIE

Las tierras sobrantes de concentraciones parcelarias o masas comunes se detraen de la superficie total a concentrar en cada zona, con el objetivo de disponer de un fondo de superficie para compensar a los beneficiarios de la concentración en caso de necesitar subsanar errores.

El plazo de disposición para la Consejería de Agricultura y Ganadería de estas maas comunes se establece dentro de la Ley de Concentración Parcelaria de Castilla y León y debe ser de al menos de tres años desde la firma del acuerdo.

En la actualidad, la Junta tiene contabilizadas en la Comunidad 131 solicitudes pendientes de tramitar de cesiones de fincas que constituyen masas comunes de procesos de concentración parcelaria, que en su conjunto abarcan más de 3.000 hectáreas.

En la provincia de Burgos, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha recibido 30 solicitudes de ayuntamientos y juntas vecinales para la adjudicación de masas sobrantes de concentraciones parcelarias y, con los de hoy, ha firmado 21 convenios que abarcan 462 hectáreas.