Así lo ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, tras la aprobación provisional por parte de la Comisión, sin que se haya recibido ninguna alegación, tras la fase de exposición pública de la modificación de las normas urbanísticas del PGOU, que permitirán que los aparcamientos bajo subsuelo público puedan venderse en propiedad en los supuestos que haya propuestas y el Pleno del Ayuntamiento las valore y acepte, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Hasta ahora podían venderse exclusivamente en régimen de concesión, lo que suponía un obstáculo para que los residentes pudieran acceder a una plaza y liberar espacio público. Con esta nueva redacción de las normas urbanísticas, cuando el pleno del Ayuntamiento acepte las propuestas presentadas, se modificará el planeamiento del subsuelo, que será dotacional privado, y permitirá convocar concurso para su adjudicación con el pliego de condiciones y la cuantía a abonar por el Ayuntamiento, en sustitución del canon anual que actualmente se paga por la concesión.

"No se trata de hacer caja", ha señalado Sarrià, sino de que los aparcamientos tengan "utilidad" para su objetivo.

Por otra parte, la Comisión ha declarado la caducidad del programa de actuación integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución 7 del CHP de Patraix, en función de los reiterados incumplimientos de todos los compromisos adquiridos por la mercantil Mercadantie Inmuebles SL, que ejercía de agente urbanizador, así como de los requerimientos del Ayuntamiento para que presentara el proyecto de urbanización o el pago de una expropiación de terrenos a sus propietarios incluida dentro del PAI.

Así, el entorno de la calle del Venerable Agnesio podrá ser urbanizado por un nuevo agente, incluyendo la zona verde pública prevista. Tal como ha manifestado el concejal Sarrià, "la apertura y urbanización de esta calle va a suponer una mejora directa del núcleo histórico de Patraix".

CORRECCIÓN DE ERRORES

La Comisión de Desarrollo Urbano también ha aprobado exponer al público la corrección de errores de los dos planes parciales del Parque de Ingenieros y Parque de Artilleria, a petición de Sepes, ya que han solicitado corregir algunos observados respecto a las mediciones de parcelas y ajustes de edificabilidad, sin que ello suponga incremento alguno.

Sarrià ha recordado que esta corrección de errores afecta a "pequeños cambios aritméticos" del planeamiento, pero no al Programa de Actuación Integrada (PAI) que Sepes debe ejecutar cuanto antes, y que se está pendiente de licitar las obras de urbanización del sector de Ingenieros, para lo que se dispone de cuatro millones de euros desde noviembre del pasado año.

El Ayuntamiento, por su parte, sacará a licitación "en breve" la plataforma de hormigón que servirá de base para colocar las aulas prefabricadas por parte de la Conselleria de Educación, que permitan el traslado de los alumnos del CP Santo Ángel de la Guarda. Por ello, el concejal Sarrià ha exigido nuevamente a Sepes que no demore más su compromiso y licite las obras para que puedan iniciarse a principios del año próximo.

Finalmente, la Comisión ha aprobado una modificación puntual de la Ordenanza de Telecomunicaciones, con la finalidad de adecuarla a las pautas que establece la nueva Ley General de Telecomunicaciones dado que la convivencia de ambas normativas está generando trabas a la hora de tramitar las licencias, al producirse algunas contradicciones.

EXPROPIACIONES

Durante el debate de las mociones la Comisión ha aprobado una propuesta del Grupo Ciudadanos dirigida a que la Generalitat modifique los plazos establecidos para las expropiaciones de suelos dotacionales que tienen gravosas consecuencias para las arcas municipales.

La propuesta ha sido aceptada, ha explicado Sarrià, dado que la Generalitat ya lo tiene en cuenta a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, donde se introduce una moratoria para suspender por un año prorrogable a dos las nuevas expropiaciones.

El concejal de Desarrollo Urbano ha recordado que la mayor preocupación que tiene la Delegación es "frenar esta sangría económica", que ha supuesto desembolsar de las arcas públicas 600 millones de euros en los 24 presupuestos municipales que aprobó el PP, y 42 millones de euros en tan solo este presupuesto de 2016, donde ha habido que poner al día toda la deuda acumulada por el anterior gobierno municipal.