El Síndic de Greuges ha urgido a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a adoptar medidas organizativas y normativas para hacer viable la aplicación del derecho a las ayudas de la dependencia, según ha informado la institución en un comunicado.

La sindicatura abrió en abril una queja de oficio para conocer las modificaciones que estaba desarrollando la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de manera transitoria y hasta la implantación de un nuevo modelo, mediante las que pasaba a asignar funciones de valoración de las personas en situación de dependencia a las trabajadores sociales de los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia (SMAD).

Como punto de partida, la iniciativa se ha empezado a desarrollar de forma pionera en los Ayuntamientos de la provincia de Alicante y progresivamente el encargo se extenderá a los Ayuntamientos de las provincias de Valencia y Castellón.

Uno de los datos que arroja la investigación llevada a cabo por la institución es que tan solo un 56,2 por ciento de las personas valoradas como dependientes reciben las prestaciones a las que tienen derecho reconocido, "lo que pone en evidencia que la demora más significativa en todo este proceso se produce en la Resolución PIA, es decir, en la asignación de prestaciones concretas que conlleva, necesariamente, la disponibilidad del presupuesto".

El Síndic de Greuges comparte con la Conselleria el "indiscutible beneficio" que supone, por su "proximidad y conocimiento cercano" de las necesidades de la ciudadanía, que los servicios sociales municipales se encarguen de la valoración de las personas que solicitan las ayudas de la dependencia.

DATOS "DESOLADORES"

No obstante, señala que los datos ofrecidos por los ayuntamientos consultados por el Síndic -todos ellos con una población superior a 30.000 habitantes, en los que se acumula el 48% de las solicitudes pendientes de valoración- son "desoladores y el número de solicitudes valoradas hasta la fecha de acuerdo con los mismos es insignificante".

Según la Sindicatura, los informes recibidos por los ayuntamientos analizados "evidencian las dudas e inseguridades jurídicas expresadas por algunos de ellos, así como la dificultad para iniciar los procedimientos de valoración, en parte por la imposibilidad de acceder a los datos de las aplicaciones que la Conselleria utiliza para la gestión de la dependencia".

Igualmente, los ayuntamientos "echan en falta" instrucciones respecto a la forma de actuar para "desbloquear la situación y ordenar el procedimiento de valoración (descentralizado solo en parte)".

Otra "preocupación" que comparten las entidades locales consultadas es que el coste económico derivado de las nuevas tareas "excede" al importe de la subvención de la Conselleria. Además, destaca que "no esconden su inquietud por la obligación de desempeñar una función de coordinación que afecta a otros municipios de la comarca y para la que no existe respaldo legal". "Todo ello sin saber si habrá continuidad del procedimiento a partir del 1 de enero de 2017", afirma.

Por estos motivos, el Síndic de Greuges urge a adoptar medidas normativas y organizativas necesarias "para que se puedan iniciar las funciones de valoración de acuerdo con el nuevo marco de competencias previsto por la Conselleria".

En este sentido, indica que la asignación de nuevas competencias se formalizó mediante la resolución de concesión de subvención anual para la financiación de los servicios sociales especializados de Atención a la Dependencia, "ampliando las obligaciones que ya venían desempeñando y añadiendo la obligación de realizar la valoración de situación de dependencia".

DOCUMENTO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN

Por eso, esta institución estima "oportuno" que esta nueva tarea "esté formalizada en un documento de encomienda de gestión, en el que se detalle el alcance, contenido, condiciones, duración y control de eficiencia que se reserva la Conselleria, así como los medios personales, materiales y económicos que se asignen para ello".

Asimismo, el defensor valenciano insta a garantizar el carácter "multiprofesional" de los equipos de valoración y de los informes de evaluación que dan lugar a los dictámenes técnicos de valoración de dependencia. A modo de sugerencia, el Síndic también plantea a la Conselleria "la profundización del proceso de descentralización con la creación de órganos territoriales de valoración que permitan una mayor celeridad en la gestión y proximidad en los procesos de toma de decisiones".

De igual modo, el Síndic también reclama la revisión del modelo de financiación previsto en la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia "con el fin de hacer viable su aplicación efectiva".

Por último, de la información facilitada al defensor se desprende que estas medidas que, a modo de proyecto piloto han sido implantadas en la provincia de Alicante, "carecen de mecanismos de evaluación conocidos", por lo que insta a establecer dichas evaluaciones "que permitan juzgar la experiencia iniciada, detectando los puntos fuertes y puntos de mejora para su posterior corrección e implantación en todo el territorio de la Comunitat Valenciana".