Según ha explicado la Junta a Europa Press, los trabajos en beneficio de la comunidad, que representan el 15 por ciento de todas las medidas de reeducación de menores infractores en medio abierto impuestas en Andalucía, son desarrolladas por la Junta en la provincia de Cádiz a través de los 51 convenios que tiene firmados para tal fin, el 74 por ciento con ayuntamientos y el 26 por ciento con entidades privadas de la provincia.

Los convenios con ayuntamientos y entidades no comportan ninguna contraprestación económica y tienen como finalidad la colaboración institucional para la educación y reinserción social de los menores infractores, mediante una intervención en su entorno que contribuya a la prevención de conductas de riesgo.

Ha subrayado que "en ningún caso" se plantea con esta medida la realización de tareas remuneradas ni la ocupación de un puesto de trabajo, ya que siempre debe compatibilizarse con tareas formativas del menor.

PERFILES Y TAREAS

Según ha detallado, el perfil tipo de los infractores que se acogen a esta medida responde a un varón, de entre 15 y 17 años, con problemas familiares y fracaso escolar. Los delitos que suelen cometer son robos con fuerza, peleas callejeras y destrozos de mobiliario urbano, entre otros.

La prestación del servicio en beneficio de la comunidad es una de las medidas judiciales de las denominadas de medio abierto que pueden imponer los jueces de menores a los jóvenes infractores, de acuerdo con el catálogo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

Esta decisión judicial se traduce en acciones relacionadas con el interés social o el beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y acorde con la naturaleza del hecho cometido. El juez puede condenar a los menores hasta un máximo de 200 horas, aunque la media ronda las 50.

Retirar grafitis, ayudar en centros de salud, recoger basura del botellón, acompañar a personas mayores, seguridad vial o limpieza de parques, son algunas de las tareas impuestas.

El desarrollo de la medida judicial queda plasmado en la elaboración de un proyecto individualizado de ejecución de medida en el que se concretarán las actividades a realizar en función de las características del menor, el hecho cometido y la red de apoyo externo que le permita superar los obstáculos presentados. Estos proyectos han de ser aprobados por el juez de menores para su inicio y ejecución.

El objetivo principal de las medidas comunitarias impuestas es que el menor sea consciente de que la comunidad, o determinadas personas, han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas de su conducta, que ésta es reprobable y la prestación que se les exige es un acto de reparación justo.