Tots a una veu. La estrofa del himno de la Comunitat se ha plasmado este miércoles en un multitudinario acto en Madrid en el que las instituciones y la sociedad civil han expuesto en la capital de España lo que ya se conoce como el "problema valenciano": la insuficiencia financiera que aboca a la Generalitat a un déficit crónico que aumenta la deuda e impide el desarrollo de los servicios públicos que presta, unida a una falta de inversión estatal que afecta a su desarrollo económico.

La exposición inicial corrió a cargo del catedrático Francisco Pérez, quien desgranó ante representantes políticos, empresariales, sindicales, agrarios y de las universidades algunas magnitudes. La Comunitat gasta 2.780 euros de media por habitante, mientras la media española es un 14% superior. "Pese a gastar menos, tiene más déficit y más deuda de manera permanente", dijo, algo que atribuye a los "disparatados resultados" del sistema aprobado en 2009.

"No cabe duda de que nos hemos empobrecido. No queremos ser más que otros, pero tampoco que otros sean más que nosotros y que tengan mejores salarios, pensiones, servicios públicos, infraestructuras...". Con estas palabras describió el presidente de Les Corts, Enric Morera, la reivindicación del acto. El propio Morera resumió las tres demandas de la nutrida delegación valenciana que ayer desembarcó en Madrid: una reforma inmediata del sistema con efectos a 1 de enero de 2014, cuando caducó el anterior; el reconocimiento del déficit de financiación acumulada desde 2002 hasta 2013, cifrado en 12.433 millones de euros, y la ejecución de inversiones estatales en la Comunitat en relación a su peso poblacional en el conjunto de España (del 11%).

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mostró su voluntad de "visibilizar" esta insuficiencia. "El problema valenciano existe y es doble: invisibilidad y desigualdad. No es un conflicto identitario, pero sí la constatación de una anomalía democrática", dijo. En su opinión, esta desigualdad "es un incumplimiento de la Constitución" porque impide a una parte de los españoles, en este caso los valencianos, acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos básicos. "Es una cuestión de Estado. No buscamos problemas fuera ni esquivar nuestra responsabilidad, ni echar la culpa a los anteriores" gestores, añadió.

La vicepresidenta, Mónica Oltra, puso ejemplos de lo que se podría hacer con lo que se deja de ingresar: 125 escuelas, la eliminación de barracones o aumentar un 70% el presupuesto de la renta de ciudadanía.

El jefe del Consell, Ximo Puig, se ha sumado a la petición de otros mandatarios autonómicos para que se convoque la Conferencia de Presidentes. En ella quiere abordar un cambio en el modelo de financiación autonómica, y exigir a la UE objetivos de déficit flexibles y evitar sanciones.