Los tres exediles en el Ayuntamiento de Montemayor de Pililla (Valladolid), dos de IU y uno del PSOE, que en 2014 procedieron, antes del tiempo estipulado, a la apertura de las distintas ofertas que se habían presentado para el concurso convocado para adjudicar la explotación de un bar en el pueblo, dependiente del Consistorio, se han declarado culpables y han llegado a un acuerdo para evitar la celebración contra ellos de un juicio con jurado popular.

La sentencia de conformidad rubricada entre el Ministerio Fiscal, los tres acusados y el letrado del Ayuntamiento de Montemayor, personado como acusación particular, supone que los exediles reconocen su culpa y asumen una condena de seis meses de multa, con una cuota diaria de 3 euros, junto con su inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público por un año, el pago de las costas y el abono, conjunto y solidario, de una indemnización de 1.200 euros en favor de la institución municipal, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

El acuerdo alcanzado por los que fueran ediles de IU en la anterior corporación, Begoña García y Javier Martínez, y el entonces edil socialista Enrique García, condenados por un delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos y violación de secretos (artículo 415 del Código Penal), evita así que la causa fuera dirimida en un juicio con jurado popular, tal y como se establece para este tipo de delitos.

El caso había recaído en el Juzgado de Instrucción número 5, cuya titular dictó en su momento auto de sobreseimiento provisional, si bien fue a posteriori cuando la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, a través de su correspondiente auto, acordó la reapertura por entender que los hechos eran constitutivos de delito, estimando así el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Montemayor de Pililla.

En el inicial archivo luego revocado por la Audiencia Provincial, la instructora entendía que los ediles investigados no cometieron el delito de revelación debido a que no eran los custodios de los documentos, tarea que asignaba al secretario municipal.

Los hechos llegaron a la Fiscalía de Valladolid el 27 de enero de 2015 a raíz de la denuncia interpuesta por uno de los aspirantes al referido concurso, perjudicado directo de la supuesta acción ilegal de los entonces ediles y quien había venido explotando el bar 'La Hontana' de Montemayor durante los últimos quince años.

En su denuncia, el hostelero hizo constar que al concurso para la explotación del bar se presentaron tres ofertas que, según se acordó, no serían abiertas antes del día 30 de diciembre de 2014 por la Comisión de Recursos Económicos y Patrimoniales del Consistorio de Montemayor.

SORPRENDIDOS POR EL SECRETARIO

Sin embargo, sostiene que los tres investigados, desentendiéndose de tal formalidad, abrieron el día 26 de ese mes los sobres y examinaron las ofertas, con tan mala suerte de que fueron sorprendidos por el secretario accidental del Ayuntamiento, quien les advirtió de que con ello estaban infringiendo el proceder ordinario y legal previsto para este tipo de asuntos.

El denunciante advertía de que la maniobra pudiera estar relacionada con el hecho de que el esposo de una de las personas imputadas, Begoña García, es primo de uno de los que componían una de las tres candidaturas a hacerse con la explotación del bar, con la presumible intención de conocer las pujas de los aspirantes con carácter previo y así poder utilizar dicha información en beneficio del referido familiar para que acomodara su oferta y presentarla como las más ventajosa.