La Audiencia Provincial de Valladolid ha acordado en junio que el impago de pensiones en una pareja separada debe considerarse como un supuesto de violencia de género.

Además, atribuye la resolución de estos casos al nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid, que entró en funcionamiento el 2 de enero de este año.

La Audiencia, que junto con la de Pontevedra es la única que se ha pronunciado en esta línea, asegura que la ley no exige que la mujer y los hijos hayan sufrido actos de violencia previa para considerarse violencia de género. Tampoco exige que haya violencia física o psíquica. La dejación del cumplimiento de deberes familiares supone un acto de violencia machista, al vulnerar los derechos de la mujer y de los menores en el ámbito familiar", afirma en su acuerdo publicado por el Norte de Castilla.

El diario asegura que cada día se produce una media de seis denuncias por impagos de pensiones a la esposa e hijos.

Incluso en algunos casos, las denuncias llegan por parte de los hijos mayores de edad, que no han percibido el dinero de la pensión durante algún tiempo.