En un comunicado, la consellera titular de este departamento, Gabriela Bravo, ha manifestado que, desde "el respeto" que merecen todas las resoluciones judiciales no comparte el fallo de la misma dado que es "de imposible ejecución" porque "el documento no se elaboró jamás".

En concreto, el documento que el PP reclama es una copia del informe completo de auditoría interna, con todos sus anexos, que se encargó al asumir Gabriela Bravo las competencias de la Conselleria de Justicia.

Bravo ha indicado que ya informó en su día, tanto a la Sala como al Grupo Parlamentario Popular, que dicho documento no se elaboró por lo que "la Conselleria no puede entregarle a una diputada un documento que, sencillamente, no existe".

"El concepto 'auditoria' se utilizó en términos políticos, pero el informe como tal no se elaboró y, por tanto, no podía ser entregado", ha explicado la consellera quien ha defendido que el Gobierno del Botànic "jamás ha obstaculizado la labor de la oposición parlamentaria ni hemos ocultado nada".

Ha lamentado que la oposición "no sepa distinguir los términos políticos de los administrativos" porque ha asegurado que cuando se anunció que se iba a realizar una auditoría sobre el estado general de la Generalitat, "nos referíamos a la necesidad política de conocer con exactitud el lamentable estado en el que los años de gobierno del PP había dejado a las instituciones autonómicas y no a que se fuera a encargar un informe auditor ni a empresas externas ni siquiera a sus propios funcionarios".

Por tanto, a su juicio, el Partido Popular "ha prescindido de los mecanismos previstos en el Reglamento de las Corts Valencianes y no ha querido agotar las vías parlamentarias de control para presentar una demanda ante los tribunales con el único objetivo de buscar notoriedad".

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