La consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado dictó el 8 de enero de 2015 una resolución declarando la situación de desamparo de dos hermanas menores de edad.
En esa resolución se acordó además la asunción de la tutela de las menores a favor de la Administración regional, suspendiendo a los padres en el ejercicio de la patria potestad, así como su acogimiento residencial en un centro de protección.
Así, el 6 de febrero de 2015, una de las menores fue trasladada a un centro de protección de Oviedo. La Fiscalía sostiene que, el día 24 de ese mismo mes, las dos acusadas acudieron al centro con la intención de llevarse a la niña, pese a que ambas conocían la resolución administrativa y su alcance.
La educadora responsable del centro se opuso a que las dos acusadas se llevaran a la menor y les advirtió de las eventuales consecuencias que pudieran derivarse de lo que pretendían. No obstante, las dos mujeres se llevaron a la niña pese a le expresa oposición de la educadora.
La menor fue reintegrada al centro el día 3 de marzo tras ser localizada por la Policía cuando se encontraba en compañía de su padre.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de sustracción de menores y solicita que se condene a cada una de las acusadas a dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, para la madre de la niña se solicita la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad durante 4 años.
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