Así lo ha indicado la asociación en un comunicado ante la celebración este miércoles del acto de apertura del año judicial en la Comunitat Valenciana. JpD ha explicado que comparte la "preocupación" de la sociedad valenciana "por la enorme cantidad de investigaciones judiciales por casos de corrupción".

"La actuación de las tramas corruptas es una verdadera amenaza para las instituciones y para el Estado de Derecho. Nuestros órganos judiciales necesitan de más peritos especializados, expertos en delincuencia financiera y agentes policiales dedicados a esta problemática, porque están en juego valores esenciales de nuestra democracia", ha señalado.

JpD ha denunciado además la "sobrecarga" de trabajo en los órganos judiciales, con una carga superior al 200 por ciento de la entrada de asuntos prevista por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según JpD, con ello se produce "una importante demora en la resolución de los asuntos, lo cual afecta muy negativamente al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a las expectativas de ciudadanos y ciudadanas a que sus litigios se resuelvan en plazos razonables".

SIN CREAR NUEVOS JUZGADOS

A pesar de estas "insuficiencias estructurales" y en un contexto de "creciente litigiosidad", la asociación critica que en los últimos cinco años "no se ha creado ningún nuevo órgano judicial, lo cual no tiene precedentes en las últimas décadas". "Y ello a pesar de que en su momento se acordó la creación de 15 nuevos juzgados, que nunca llegaron a ponerse en funcionamiento", ha lamentado.

JpD subraya que un informe del CGPJ de 2011 ya señalaba que la Comunidad Valenciana, con los índices de litigiosidad "más elevados" de España, "necesitaba al menos 63 nuevos juzgados". Sin embargo, no ha habido "medidas específicas que solucionen estas alarmantes situaciones de sobrecarga".

Para la entidad, "esta falta de respuesta institucional contrasta con unas necesidades reales que muestran con claridad la situación a la que se enfrentan los órganos jurisdiccionales valencianos".

En el ámbito civil, destaca que se está haciendo frente "a una verdadera avalancha de procedimientos por temas bancarios, como preferentes, cláusulas suelo y todo tipo de cláusulas abusivas" y en la jurisdicción penal,

En el orden contencioso-administrativo, apunta que "un número insuficiente de magistrados han de hacer frente a más de 18.000 asuntos al año y la jurisdicción social se encuentra desbordada ante el incremento de asuntos derivados de la crisis económica, los despidos y los reajustes laborales, con señalamientos a muy largo plazo, ante la imposibilidad de hacer frente en plazos más cortos al volumen de trabajo".

Por otra parte, señala que los juzgados mixtos de las distintas comarcas valencianas "están de forma sistemática por debajo del número de juzgados con el que debían contar".

Asimismo, denuncia que la carencia de medios materiales "continúa siendo especialmente preocupante, con algunas excepciones". Así, apunta a que numerosos edificios judiciales "no cuentan con las suficientes condiciones de salubridad, ni cumplen correctamente las normas de seguridad y salud laboral, especialmente en los pueblos".

Según subraya, "una muestra clara de estas insuficiencias es la precaria situación del Tribunal Superior de Justicia, el edificio judicial más emblemático de la Comunidad Valenciana, que todavía tiene pendiente su rehabilitación prometida desde hace muchos años".

En cuanto a las plantillas de personal, recalca que se han reducido en los últimos años y "resultan insuficientes para hacer frente a un creciente número de asuntos". En esta línea, considera que debe "agilizarse el proceso de digitalización, para que en algún momento pueda alcanzarse la desaparición del papel en los órganos judiciales", aunque "para ello hay que contar con los instrumentos tecnológicos adecuados".

JpD ha hecho un llamamiento a la administración autonómica y al gobierno central "para que incrementen de forma sensible los presupuestos en materia de justicia". "El Estado de Derecho se basa especialmente en la existencia de órganos judiciales que tutelen los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y ello solo puede llevarse a cabo con unos instrumentos esenciales que hagan posible el ejercicio de las funciones del poder judicial", ha insistido.