Las diligencias incoadas por dicha instancia judicial incluyen un informe del Cuerpo Nacional de Policía, recogido por Europa Press, según el cual la "identidad internacional de equipo móvil perteneciente al terminal desde el que presumiblemente se realizaron las amenazas denunciadas es la misma que el terminal que hasta el 14 de mayo ha estado asociado a un número de teléfono cuya titularidad ostenta el Ayuntamiento de Dos Hermanas". El "usuario" de este teléfono, según el informe, "resulta ser Fernando Díaz Alcocer, trabajador del Ayuntamiento en el área de alumbrado eléctrico", detalla el documento.

Al respecto, media un escrito elevado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas al Juzgado mixto número siete, detallando que el 14 de mayo de 2015, días antes de los hechos denunciados, "se procedió a la sustitución del terminal", una "sustitución que se produjo por el mal funcionamiento del teléfono". "Este terminal, dado que no tenía valor para la compañía telefónica propietaria del mismo ni para este Ayuntamiento, como se procede habitualmente, se queda para uso del usuario o se deposita en un punto limpio, constando que en este caso se depositó en el punto limpio almacén municipal de la avenida 28 de Febrero", detalla el Consistorio.

Y ante dicho escrito, el juez instructor emitió el pasado 25 de julio una providencia recogida por Europa Press y en la que pide al Ayuntamiento "documentación justificativa tanto del cambio del terminal, como del depósito del mismo en el punto limpio de reciclaje, así como del destino posterior y último del terminal".

EL "CHANTAJE" DE DOS HERMANAS

En la causa, que investiga un supuesto chantaje destinado a obligar a Manuel Varela a renunciar a la candidatura a la Alcaldía de Dos Hermanas por C's, bajo la amenaza de la difusión masiva de un vídeo con imágenes suyas consumiendo cocaína, están investigados el expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer; el presidente de NNGG de Andalucía, Luis Paniagua; el concejal socialista Agustín Morón; el empresario y militante del PP Emilio Maya; el periodista local José Luis Olivares; Francisco Javier Romero como persona "interpuesta" en las citadas coacciones; y el trabajador municipal Fernando Díaz Alcocer.

Según un auto, de la investigación se desprende que la grabación del mencionado vídeo habría sido realizada "en el despacho profesional de Alcocer, así como en la casa de campo de éste", dado que existirían dos grabaciones. En cuanto al periodista local José Luis Olivares, el juez sospecha de su "posible participación" en los hechos", porque "es quien habla con el denunciante, le exhibe el vídeo y le transmite la amenaza", actuando presuntamente "como intermediario o mensajero" en una labor "mucho más allá" de la periodística.

Respecto a Alberto Paniagua y Emilio Maya, señala el juez "los testimonios que sitúan a los mismos hablando antes de las elecciones de la existencia del video (que muestra a Manuel Varela consumiendo drogas) y de poder utilizarlo en contra de Varela". "Incluso se ha manifestado la existencia de un tuit en el cual habrían existido tres seguidores, Emilio Maya incluido, y en el que explícitamente se hablaba de las aficiones de Varela y el poco tiempo que le quedaba como candidato", recuerda el juez en un auto.

En cuanto al concejal socialista Agustín Morón, el juez instructor consideraba en dicho auto que "pudiera estar implicado en los hechos", lo que "puede deducirse aparentemente del tráfico de llamadas existente entre el mismo y José Luis Olivares (también investigado en las diligencias), pues puede apreciarse que el día de los hechos existe un número elevado de llamadas entre ambos, concretamente 15 llamadas".